2012
Septiembre 25, 2013
MÉXICO ILEGAL
Septiembre 25, 2013

TRAMPA MORTAL

08/11/2009

La única superioridad real que tenemos como sociedad sobre el crimen organizado es la moral. No debemos olvidar que ésta no sólo es una lucha del Estado contra al hampa, sino de la sociedad mexicana en su conjunto. De su desenlace se juega la preservación de muchos valores y tradiciones que apreciamos y aquilatamos.
Muchos de esos valores están relacionados con algo similar a la moral pública: queremos un país que premie el trabajo, la decencia, la honradez, la solidaridad. Luchamos por mantener un país incluyente, pacífico, que garantice libertad e igualdad para todos.
Precisamente por esa razón, se ha insistido en que el planteamiento estratégico del gobierno en su lucha contra el narco ha sido incorrecto. Basado exclusivamente en la fuerza, la estrategia del gobierno es limitada y torpe.
En la medida en que comencemos reconocer que el narcotráfico posee una base social, entenderemos que la utilización de la fuerza sólo conduce al desgarramiento del tejido que une a la sociedad. De acuerdo a la SEDENA, existen 300 mil campesinos afiliados al narco y cerca de 200 mil personas más en sus redes de distribución y comercialización.
Medio millón de personas es un número de escalofrío. A muchas de ellas se les puede sustraer del negocio mediante una oferta bien simple: démosles una forma distinta de vida. Ofrezcámosles un empleo, un salario, seguridad social, educación a cambio de sus armas. Mientra el país no crezca, la base social de narco, la informalidad, la migración, seguirán creciendo.
La lucha contra el hampa no ha reforzado una vertiente de prevención. La contracción de la demanda mediante mejores planes educativos, con la incorporación de planes profesionales de rehabilitación, con el fomento de un vasto movimiento cultural, con el apoyo decidido al deporte, es una prioridad que en la mente de los operadores del gobierno no existe.
Insisto: el reforzamiento de la lucha financiera contra el narco es el camino más cierto para su debilitamiento. Mientras el hampa cuente con 26 mil millones cada año para corromper, cooptar y reagruparse, los golpes de la fuerza del estado serán sólo molestias.
El rostro de la derecha más retrógrada ha asomado en el entorno nacional. La propuesta de formar desde el estado –en este caso desde el nivel municipal- gavillas de asesinos es una invitación a que México se incendie.
La ventaja real del estado mexicano sobre el narco es que su violencia es legítima y debe ser siempre, legal. De ahí que, aunque se respalde al Presidente Calderón en su embestida, se le exija el respeto a los derechos humanos, el apego irrestricto a lo que dicta la ley y al debido procedimiento para juzgar a las personas.
Las tentaciones más autoritarias de la derecha mexicana han, hasta ahora, sucumbido, pero avanzan: aunque fracasó la iniciativa salvaje para reformar el sistema de justicia –convirtiendo a la ley mexicana en un remedo de la Ley Patriótica de Bush- se aprobaron diversas figuras que aún son riesgosas para los derechos de los ciudadanos, como la figura del arraigo, las intervenciones telefónicas o los cateos.
La presión social ha impedido que se desborde la violación de derechos de los ciudadanos por el ejército, pero las denuncias se multiplican y la iglesia católica logró frenar la llegada de Emilio Álvarez Icaza a la CNDH. Los reemplazos del IFAI fueron hechos con personas vinculadas a los servicios de seguridad nacional.
El hecho de que diversos sectores aplaudan la formación de guardias blancas y de escuadrones de la muerte debe mover a una profunda reflexión nacional. La tortura no se combate con torturadores. Lo malo no se vence con lo peor. Lo que le da calado y viabilidad a la lucha del estado por desarticular el poder del crimen organizado es su legalidad y su legitimidad.
Los métodos democráticos serán más lentos y menos eficaces que los totalitarios, pero son los únicos que nos garantizan procedimientos que sujeten a la autoridad y que esos procedimientos pueden ser no solamente supervisados: también legalmente combatidos.
La democracia se nutre de la creencia de que los derechos nos protegen a todos. Quienes violan esos derechos, merecen castigo, pero ese castigo no puede darse por fuera del derecho. Si verdaderamente queremos que nuestra democracia prevalezca debemos reconocer que incluso los derechos de aquellos que nos agredieron, deben ser respetados.
En un video escalofriante revelado hace unos días, presuntos policías de Nayarit torturaban y vejaban a cinco jóvenes que habían sido descubiertos robando en casa de uno de los policías. Las imágenes son inaceptables. Obligados a besarse entre ellos, a anticipar ante la cámara que serían violados por ser ladrones, y que ese castigo era correcto, la acción de los justicieros rebasaba en crueldad el acto delincuencial. A muchos esas imágenes nos consternaron y nos llenaron de indignación.
El mensaje del narcotráfico, su desparpajo e impunidad, es hacernos dudar sobre el valor de la ley y de nuestra democracia. Es repetirnos que ellos están ahí porque las cosas no funcionan. Nos escupen en la cara que nuestra libertad no es nuestra fortaleza, sino nuestra debilidad.
Esa es la trampa en que comienzan a caer muchos: esos policías de Nayarit, la policía de León –que daba clases de tortura a sus reclutas siendo ellos mismos torturados-, ahora el alcalde de Garza García. Prescindir del derecho, de los procedimientos, de la moral, para declarar un estado de excepción, eliminar las garantías individuales y cortar el mal de raíz, es la tentación que nos llevaría al abismo.
Colombia conoce las consecuencias de armar a una sociedad para respaldar la acción de su gobierno. Los escuadrones de la muerte en Brasil no terminaron con la violencia de las favelas pero sí destruyó la confianza pública en el estado.
El gobierno de Felipe González prácticamente se derrumbó por la formación de los GAL grupos antiterroristas que masacraron a militantes de la ETA. Los medios de comunicación denunciaron su existencia y el poder judicial reaccionó con rapidez y eficacia. Muchos altos miembros del gobierno cayeron y, al hacerlo, salvaron a la democracia española y al propio González en una genial paradoja que hoy debemos recordar

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