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Mexico Pierde

30/01/2012

El Estado Mexicano está siendo sometido a un cerco implacable por parte de los poderes fácticos. Esos monstruos gigantescos, poderosos, multimillonarios, han decidió privatizar la función pública, secuestrar la visión de estado y posponer ad perpetuam el proyecto de país. Lo están haciendo, para colmo, con la complacencia, cuando no la complicidad de la clase política nacional.

Dos decisiones centrales para la vida económica del país fueron tomadas esta semana. Las Comisiones de Competencia y de Telecomunicaciones resolvieron no sobre las peticiones de poderosos enclaves económicos, sino sobre la visión que el estado tiene para detonar un sector que es central para el desarrollo nacional y para su acceso a la modernidad. Las decisiones de ambas instancias fueron contradictorias, en principio, y preocupantes, al final.

Vale señalar que en la antesala de las sesiones para resolver la petición de fusionar Televisa con Iusacell (propiedad de TV Azteca) y de resolver la licitación de una nueva televisora abierta, los presidentes de ambas comisiones fueron sometidos a un despiadado ataque en las pantallas que son propiedad de la nación y que debería, en teoría, defender el interés público.

Pese a ello, quienes presiden ambas comisiones, Eduardo Pérez Motta (CFC) y Mony de Swaan (COFETEL) mantuvieron su postura de impulsar la competencia del sector y la competitividad del país.

En el primer caso, lo que ha privado es la oscuridad. A la fecha, no ha habido información oficial sobre el resolutivo, so pretexto de que primero se informará a los interesados, como si la sociedad civil no lo fuera. Hay versiones encontradas al respecto. Si Pérez Motta logró prevalecer, entonces la Comisión habría evitado la creación de un monstruo monopólico que barrería con la actual competencia y que la impediría en el futuro. El Universal adelantó que esa negativa se había dado, lo que provocó una postura inverosímil del gobierno de Felipe Calderón, anunciando que esa decisión no era compartida por el gobierno federal.

En el segundo caso, Mony de Swaan fue doblado y la COFETEL no licitará el surgimiento de una tercera televisora.  Apelando tecnicismos y argumentos legaloides, los comisionados, como Porfirio Díaz o el PRI en su momento, decidieron que aún no había llegado el momento para que México tuviera una tercera televisora que pudiera competir con Televisa y Azteca, pese a que ambas empresas concentran el 88% de las concesiones del país y el 95% de la audiencia.

Lo que ocurre en el país es la radiografía descarnada de un poder inútil. No existe en el radar del gobierno federal nada semejante a la palabra interés público: éste ha sido suplantado por el interés privado. La tesis del calderonismo consiste en combatir los monopolios generando oligopolios. No sólo no existe el poder agregado del estado imprescindible para quebrar los monopolios y abrir los mercados: tampoco hay la voluntad política para hacerlo.

El Estado mexicano renuncia, una y otra vez, a su deber de articular un proyecto de nación y hacerlo realidad. Se habla de competencia pero se gobierna con incompetencia. Se dice en Davos que se persigue la competitividad pero se gobierna para la mediocridad. Existen gobiernos electos en democracia que conspiran para detenerla. La retórica oficial se desgarra las vestiduras por la libertad de expresión pero nos niega como ciudadanos la posibilidad de ampliarla.

El Estado tolera la política de la extorsión desde la televisión. Al negarle el respaldo a los comisionados presidentes, se les entrega al linchamiento público, sin contrapeso posible. La actitud del gobierno responde a que poseemos un estado que mendiga apoyo electoral a los barones de la imagen. Ganar una elección a costa de posponer una acción detonadora de crecimiento de inversiones, de empleos, de nuevos proveedores, es un atentado contra el país. Cerrar la posibilidad de que los ciudadanos disfrutemos de más televisoras, de mayor información es negarnos el acceso a la pluralidad, a la diversidad y al enriquecimiento de la oferta vía la competencia.

Las dos decisiones de las comisiones deberían haber sido coincidentes: negar la fusión y empujar la licitación. No se pudo. No se quiso. No se permitió. Ganan los monopolios. Pierde México.

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