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Democracia Bajo Sitio

28/01/2013

A la memoria de Don Juan Maldonado Pereda

México debe tener algo claro: la democracia sirve. La libertad da resultados. La concordia es un bien no negociable. Nuestros problemas se van a resolver con más democracia, no con menos; con mejores leyes, no con dinero; con más transparencia y menos discrecionalidad. Necesitamos instituciones, y no hombres, fuertes.

Las instituciones emblemáticas de la democracia, el IFE, la CNDH, el IFAI, la SCJN, deben considerar que cada una de sus decisiones construyen el camino hacia una mejor democracia o hacia su demolición. Sus resoluciones tendrán invariablemente que apegarse a derecho, pero también, como se sabe desde la corte Warren que apuntaló la democracia en Estados Unidos, a la racionalidad, al bien común y al interés público.

Más: desde Roma a la fecha, las instituciones deben asegurar que sus decisiones no sólo sean legales, independientes y patriotas: deben parecer serlo.

La Suprema Corte de Justicia cayó en una espinosa polémica por la resolución del caso Cassez. Se juzgaban dos temas de igual importancia. El debido proceso y la justicia para miles de víctimas. La corte se enfocó en el primero y olvidó el segundo. No fue una resolución menor. La democracia se cimenta en las limitaciones a la autoridad en beneficio de los ciudadanos. A esas normas y procedimientos se les llama el debido proceso sin el cual no existe protección ni justicia. La Corte hizo bien en blindar el procedimiento penal, pero hizo mal en olvidar el dolor de una sociedad agraviada por la violencia y la impunidad.

Enfocó mal su argumentación, en el sentido de que los ministros consideraron que era el debido proceso o la justicia, como si fueran excluyentes. México buscaba debido proceso con justicia, y no la obtuvo. Ahora, el gobierno de Peña Nieto tiene la enorme responsabilidad de ir tras los responsables del montaje grotesco. Si no lo hace, la sociedad percibirá un caso en donde triunfó una doble impunidad: la de la banda de secuestradores y la de la autoridad omisa y abusiva. Peor: se confirmará la sospecha de que la Corte actuó para dar cumplimiento a un arreglo entre jefes de estado y no para honrar la confianza de los mexicanos.

El IFE continúa en el camino desquiciante de dinamitar su propia credibilidad, con lo que se afecta a todo el sistema electoral y, por tanto, a una buena parte de la legitimidad federal. La resolución de Monex parece haberse resuelto por el peso de las cuotas partidistas entre consejeros y no con base en los elementos objetivos del caso. El Instituto erró en no sentar un precedente que posibilitaría limitar en el futuro la intervención del dinero en el proceso democrático.

Y por último, la definición en la nueva presidencia del IFAI plantea la urgencia de revisar la conformación de los organismos autónomos. Por años, se pensó que entregar a los ciudadanos el control de ciertas esferas de la vida pública garantizaba imparcialidad. Hoy sabemos que no. La llegada de un novicio a la presidencia del órgano encargado de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas prueba que el peso de las cuotas de poder ha vulnerado los alcances de la integración ciudadana de los organismos. Hay que buscar ciudadanos, sí. Pero hay que buscar a los mejores ciudadanos. No militar expresamente en un partido no implica que no se tengan intereses, ligas, simpatías. Ser ciudadano no convierte a nadie en experto en una materia, ni en hombre probo ni competente.

La democracia parece estar en acecho. La mejor forma de salvarla es aumentando el escrutinio público, la demanda de explicaciones, los niveles de indignación.

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