AHORA O NUNCA
Por Fernando Vázquez Rigada
Han pasado 22 días desde la tragedia de Iguala. Dos semanas desde que el gobierno federal ingresó de lleno a la atención (tardía) de la crisis. A este plazo la novedad es que no hay novedad.
El gobierno federal aparece aturdido. Sin mapa de navegación. Sin líneas estratégicas. Sin un horizonte claro.
Los acontecimientos rozan similitudes inquietantes con el fatídico 1994.
Ese año, México debía entrar en la modernidad, pero se precipitó al abismo de la desestabilización y el magnicidio. Igual que entonces, la magnitud del golpe dejó a un gobierno de reflejos rápidos, preparado, quirúrgico, agobiado y confundido.
Esta crisis no le estalló a Enrique Peña Nieto hace tres semanas: se incubó hace más de un año. Entonces, se tuvo la información de la descomposición en Guerrero, así como, seguramente, de muchos otros sitios similares en el país. De forma incomprensible, la información se desechó. Todo el diseño estratégico del gobierno se centraba en las reformas. En su aprobación. Las reformas cambiarían la realidad. Por eso los conflictos se ignoraron, como si haciéndolo se resolvieran.
Al lograr su meta, la aprobación de las reformas, el gobierno se preparó para el festín. Todo había cambiado. El país era ya otro. La prosperidad llegaba. Alguien le recordó que no. En ese mismo talante festivo, pretendió imaginar que la crisis de Iguala no era suya, sino de un gobernador incompetente. Cuando el conflicto se hizo mundial, la transferencia de costos fue brutal y demoledora. La vuelta a la realidad fue dolorosa y titubeante.
Sin dimensionar lo que enfrentaba, el gobierno pretendió atender esta coyuntura como otras tantas. Movilizó fuerzas policiales y militares. Capturó capos como medio de distracción. Intentó girar la atención pública a otros terrenos. Todo falló y fallará.
La única solución posible a esta crisis pasa por dos planos. El primero: la consignación irrefutable de los responsables y la crónica irrebatible de lo que ocurrió. Ahí se desatarán las consecuencias políticas que deberán tratar de estabilizar a Guerrero. Ese es el plano inmediato.
Pero el plano mediato, fundamental, es el reconocimiento de que el país sufre una falla estructural. Su célula de convivencia fundamental, el municipio, está roto. La vida pública está envenenada: de temor, de corrupción, de llanto.
El estado tendrá que emprender la recomposición del diseño municipal mexicano y deberá lanzar una cruzada federalista que dé coherencia al entramado institucional y al desarrollo, económico y humano, del país.
También, tendrá que desarrollar un mapa de riesgos del país para articular los sistemas de inteligencia que le permitan prevenir las contingencias políticas.
Si el gobierno no mide adecuadamente el descontento y analiza las causas profundas de éste, la crisis puede derivar en un escenario de conflicto social extendido y de consecuencias imprevisibles.
Esto no puede ser atendido bajo la óptica del business as usual. Los asuntos extraordinarios merecen medidas extraordinarias. El gobierno debe asumir un compromiso público indudable con la transparencia, la honestidad, la rendición de cuentas, los derechos humanos y el estado de derecho.
Es ahora o nunca.
