Fernando Vazquez Rigada
Fernando Vázquez Rigada
La violencia es el mayor reto que enfrenta la nación. Por lo mismo, es el rejón que puede acabar con la nueva administración.
Las cifras son sólo la muestra del horror: 620 mil muertos y desaparecidos del 2006 a la fecha.
¿Qué significan esas cifras? Son más ejecutados que la población total de 17 capitales del país.
De la guerra de Calderón a los abrazos de López Obrador, el Estado mexicano ha ido en retirada. El crimen se apodera de vastas partes de territorio y se diversifica. Ya no es sólo trasiego. Es tráfico de personas, extorsión, secuestro, contrabando, huachicol.
El cáncer que encontró Fox, Calderón lo convirtió en metástasis. López Obrador aplicó en seguridad la máxima económica neoliberal: dejar hacer dejar pasar.
El narco se ha convertido en una trituradora humana. Los números de nuestro fracaso se explican por la alta tasa de reposición. Jóvenes que son carne de cañón para que otro y otro y otro siga en la fila de la muerte. El homicidio es, de acuerdo al INEGI, la primera causa de muerte de personas de entre 15 y 44 años.
No sólo es necesaria una puntual estrategia de seguridad para acabar con este drama. Hace falta una fina estrategia política que hasta ahora no se avizora.
El planteamiento de seguridad del actual gobierno está y es profesional. Pero lo que está debajo de esta radiografía es un tema profundo. Una descomposición social. Una ausencia de valores. Un desprecio por la vida del otro. Un analfabetismo cívico.
Hay una densa red de complicidad oficial —de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes— que ampara a que el crimen se haya vuelto altanero y desafiante. Si no se desbarata esa red de protección política, nunca volverá la paz ni lograremos abatir el principal tema de desamparo de la población: la impunidad.
Hay una enorme lavandería de recursos que involucra al sector privado, al financiero, que deriva en un negocio brutal e inmoral, pero de altos réditos. Toda estrategia exitosa de desmantelamiento de mafias en el mundo y en la historia demuestra que a esas organizaciones no se les agarra por el cuello sino por el bolsillo.
Los capos, sicarios, halcones, tienen familias. El narco ha construido una base social que no se esconde.
Un hecho como el culiacanazo habla de la magnitud del desafío que enfrentamos.
Por eso se requiere una vertiente política que teja una red social igualmente sólida y más amplia que la del crimen para poder derrotarle. Utilizar la ley, el monopolio legítimo de la violencia, la refundación de la escuela, la conexión entre hogar-escuela-empresa que genere valores y un modo honesto de vivir y ver la vida. Falta la decisión política de desmantelar las redes de protección. Rehacer las fuerzas municipales y locales. Intervenir en colonias marginadas. Utilizar la inteligencia del Estado contra el dinero sucio.
Sin esos componentes, el riesgo de que tengamos otro sexenio brutal será latente.
Habremos, entonces, llegado a la guerra de los treinta años.
Dice la presidenta que los que no se nombra no existe. No es exacto. Uno de los grandes ausentes de su discurso de arranque fue un diagnóstico preciso y acaso descarnado de la evidencia de un Estado fallido y de una descomposición social brutal.
Debió decirse que hay estados —Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Morelos, et al— que están al borde del colapso.
No se nombró, pero el problema existe.
No se nombró, pero la cabeza decapitada del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, llenó de horror al país y sacó de su marasmo al gobierno.
Se requiere unidad, política y decisión.
Ojalá las haya.
O vamos a perder al país.
@fvazquezrig
