Fernando Vazquez Rigada

Fernando Vázquez Rigada

Baja California no sólo es un escándalo: es un laboratorio. El de la reelección. También, el del abuso, la deshonestidad y la demagogia.

La extensión de mandato en ese estado define a nuestra clase política y más: la desnuda.

Se trata de un acto claramente ilegal, sobre el que ya se había pronunciado la SCJN. Ampliar los plazos de una autoridad electa es inconstitucional: punto.

Es, además, un flagrante atentado a la democracia: una legislatura modifica el mandato popular que derivó de una elección. Los ciudadanos eligieron a una autoridad por un plazo concreto. Bajo reglas claras y establecidas. Eso no puede ser modificado ex post por una asamblea.

El antecedente, de permitirse, sería funesto. Se podría, por ejemplo, ampliar el plazo de la Presidencia de la República. O recortarlo.

Hoy fue una legislatura local pero, de mantenerse, mañana podría hacerlo el Congreso de la Unión.

Esto se hace bajo el peso de una mayoría arbitraria con una retórica populista que esconde un acuerdo local hediondo.

Obtener en las urnas una mayoría parlamentaria no es una patente de corso: posee los límites que la constitución le impone. No puede aprobar lo que le venga en gana. Suprimir, por ejemplo, los derechos humanos. O la equidad de género. O las garantías procesales. Las mayorías tienen su limitante precisamente ahí: en la constitución y en los tratados internacionales.

Pero alarma también la retórica populista: la presidenta de Morena ha dicho (sin mayor sustento) que el pueblo añoraba esa reforma, pues un bienio era muy breve para gobernar. No es verdad. Las y los ciudadanos sabían y votaron. Pero el argumento es muy peligroso: sí hoy el pueblo quiere extender el mandato, hágase. Si mañana quiere expropiaciones, adelante. Si después desea crear ghettos, bienvenidos.

En medio de la zacapela, se asoma el rostro arrogante de la nueva mayoría. Bonilla y su operador Amador Rodríguez retan la vigencia del pacto federal con insolencia y vulgaridad. Lo hacen por una razón: saben que no están solos. Un poder superior les cobija.

Fue muy lamentable que diputados del PRI, del PAN, PRD, un partido local y por supuesto de Morena votaran en favor de este atropello. Particularmente lamentable del PAN y el PRI, que, en teoría, son los principales perjudicados.

Ahí se abre el velo de sospecha pero también se profundiza en la biopsia: lo que ocurrió en ese congreso estatal revela los modos y las formas de la política estatal. La costumbre provinciana de que todo tiene un precio y sí ese es dinero, es barato. Por años la fragilidad extrema de la democracia mexicana residió en su falta de homogeneidad. Ya no.

Me explico: los avances en el diseño constitucional y democrático federal habían sido muy importantes. El INE era genuinamente independiente del poder. Había organismos autónomos que ejercían contrapesos. Cámaras legislativas equilibradas. Medios de comunicación críticos. Juzgados funcionales.

En los estados no. Todo giraba en torno al poder del gobernador que nombraba, compraba, perseguía. Urgió por años homologar la democracia. No se hizo.

Ya no hace falta. La homologación llegó, pero en sentido contrario. El país se está convirtiendo en una gigantesca gubernatura, en donde el ejecutivo tira línea sin recato ni pudor. A sus legisladores les instruye: “no modificar ni una coma”. Los organismos autónomos están siendo destruidos. Los jueces padecen el acoso del púlpito presidencial. A los medios se les censura por no respaldar mansamente la transformación del país.

Sólo las dirigencias nacionales del PRI y del PAN anticiparon que interpondrán recursos de inconstitucionalidad. Sus bancadas respectivas en el congreso federal han dado una férrea pelea.

Pero el presidente no. El mandatario que no teme en abrir su pecho y vapulear a quien no piense como él no ha sido capaz de condenar esta barbarie. Al contrario: ha dicho que son hipócritas quienes le acusan de ser el orquestador y último beneficiario de esta maquinación. Él, que va a los estados y da espaldarazos a los suyos; que alienta abucheos contra sus adversarios, que nombró 32 virreyes estatales socavando la soberanía estatal, ahora es profundamente respetuoso de las decisiones locales.

Su ¿Secretaria? de ¿Gobernación? dijo que, a título personal, le parece inconstitucional. Aclara: como encargada de la política interna, sin embargo, debe ser deferente con el Congreso de Baja California.

Pues no. Ambos: el presidente y la secretaria juraron cumplir y hacer cumplir la constitución.

Están deshonrando su juramento. ¿Por qué?

Hay que mezclar los ingredientes para obtener un guiso.

La receta dice: revocación de mandato concurrente con elecciones federales; ampliación de Consejeros del INE para diluir a los que están en funciones; desaparición de los OPLES para nombrar delegados electorales por la Cámara de Diputados controlada por Morena; extensión de mandato en Baja California.

Esos son los ingredientes.

El guiso tiene un nombre preciso: reelección.

@fvazquezrig