Fernando Vazquez

21/01/2013
Uno de los temas pendientes más importantes de la agenda nacional es garantizar que la democratización de la vida ciudadana llegue a todos los rincones del país. Tenemos una democracia asimétrica, en donde conviven procesos con alto grado de eficiencia, transparencia y pluralidad con islotes de autoritarismo y opacidad.
La democracia nacional ha sido, es, sumamente heterogénea. Una realidad se vive en el ámbito federal , otro muy distinto en los estados y entre estados y otro nivel aún en los municipios.

Las instituciones federales que han dado calado y permanencia a la democratización federal como el IFE, la CNDH y el IFAI, no han encontrado eco en los otros dos niveles de gobierno.

La primera alternancia, por ser mal ejecutada, fue así, paradójica: constituyó, al mismo tiempo, el impulso decisivo y el freno determinante  a los procesos de democratización.

Por una parte, el hecho de que el PRI se fuera de la presidencia, sin balas y sin sangre, fue el ejemplo más puntual de que la democracia, al menos la democracia electoral, había finalmente coagulado. Pero la derrota del autoritarismo presidencial no implicó la derrota del autoritarismo nacional. Para ello se requería un cambio de sistema. Uno que no llegó. Uno que no sólo no removió los vicios del viejo régimen: los exacerbó.

Producto de la transición fallida, los enclaves autoritarios cobraron esplendor en los estados. Los gobernadores de muchas entidades se convirtieron en los propietarios de facultades metaconstitucionales antes reservadas al Presidente de la República. Bajo su poder, la división de poderes se diluyó; se sojuzgaron a los organismos autónomos y se erigieron barreras a la operación de la federación misma. Los municipios se subordinaron. Los medios se compraron.  Fue una reedición espantosa del viejo  régimen.

Ahora ha llegado la segunda alternancia y la preocupación central de los actores nacionales sigue centrada en perfeccionar las reglas de acceso, ejercicio y rendición de cuentas a nivel nacional. Es una tarea necesaria, pero no suficiente y ni siquiera prioritaria.

Hacer que la democracia llegue a todo el país es la gran prioridad política nacional. Una que sólo se puede hacer concibiendo un nuevo arreglo de poder y generando un entramado institucional para la modernidad.  Uno que debe implementarse con gran talento político pero, sobre todo, con una visión de largo plazo: legal, económica, social e histórica. Tales son los retos de la modernización pospuesta que habremos de resolver.