Fernando Vazquez
12/03/2012
Los signos de la vida pública nacional han estado marcados por la corrupción, la irresponsabilidad, la desidia o la simple y llana ineptitud.
Esto le ha costado a México, en términos cuantitativos y cualitativos, una enorme cantidad de recursos, de prestigio y de confianza.
En unos días, la SEMARNAT deberá definir si autoriza la instalación de una mina de explotación de oro denominada Caballo Blanco, ubicada a sólo tres kilómetros de la planta nuclear de Laguna Verde. Los riesgos por este hecho, adicionados a procesos que, de acuerdo a expertos, comprometen seriamente el equilibrio ecológico de la región, han movilizado a la sociedad para impedir esta posibilidad.
Las opiniones en contra reúnen a expertos del Instituto Nacional de Ecología de la UNAM, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ONGs, miembros de la sociedad civil, de la academia, al Gobierno del Estado de Veracruz, al Congreso del Estado, en un punto de acuerdo unánime presentado por Ainara Rementería, y al Senado de la República.
La autoridad federal debe negar los permisos a Caballo Blanco por ser una inversión de baja rentabilidad económica y social para Veracruz pero un enorme riesgo para México.
Ante la avalancha de argumentos en contra, Manuel Molina, el delegado de la SEMARNAT, sólo ha alcanzado a balbucear un preocupante “el proyecto se decidirá conforme a derecho”.
Eso, en lenguaje llano, en la simbología de la política nacional, deja abierta la puerta para una autorización.
No sería nueva una colusión de intereses dentro de la SEMARNAT. Antecedentes sobran. El propio presidente de la República ha cesado a funcionarios de esa dependencia por señalamientos públicos de acciones irregulares. Habría que subrayar que un acto de autoridad no puede estar por encima del sentido común, de los argumentos técnicos y de la opinión de una sociedad.
Escudarse en el tecnicismo jurídico, como se ha hecho en infinidad de ocasiones en México, implicaría conducir a un grave conflicto social y poner en riesgo la seguridad de millones de mexicanos. La distancia de sólo 3 mil metros de la única central nucleoeléctrica de México a una mina que utiliza explosivos es, en sentido llano, una irracionalidad.
De las leyes de Nuremberg a las del Apartheid a las de segregación en Estados Unidos, la historia prueba que la ley puede ser injusta, irracional o perversa. Puede amparar crímenes terribles. Puede justificar atropellos. Puede, por supuesto, en un país como el nuestro, moldearse a intereses opacos.
Pero este es un proyecto cuyas características lo inscriben en una agenda de riesgos de seguridad nacional y de altísimo interés público.
Aquí no caben las ocurrencias mediáticas, los sofismas legaloides ni las transacciones que abren la permisibilidad a todo. Cabe, solamente, la rendición de cuentas, la transparencia y la responsabilidad con la sociedad.
Ojalá que la SEMARNAT actúe conforme a los más estrictos estándares de eficiencia. Ojalá que tenga claro el temperamento social. Ojalá que refrende la dignidad institucional y la decencia de sus opiniones.
No se exige nada más. Y no se aceptará nada menos.