Fernando Vázquez Rigada

Iguala viene a ser la última impresión de la tomografía que revela que el país padece un cáncer.

Lo que ocurre ahí es la demostración del quiebre social de México. La sociedad política ha fallado. La sociedad civil. La ética más elemental.

Nos estamos acostumbrando a ver, sin azoro, sin tristeza, hechos que mueven a vergüenza.

La matanza a mansalva de decenas de jóvenes, detenidos ilegalmente por policías y luego desparecidos ocurre por una sencilla razón: hay quien puede hacerlo.

En Guerrero no hay gobernador. Quien ostenta ese cargo ha ido de trago en trago y de tumbo en tumbo.

Ángel Aguirre Permitió que los dos responsables directos, el alcalde José Luis Abarca y su director de (in)seguridad pública, Francisco Valladares, huyeran. No dispuso las elementales medidas para impedir su huida. No activó al congreso local para proceder al desafuero. No solicitó la intervención de la autoridad federal para evadir ese fuero local. Comunicó su postura inicial por twitter, como si esto fuera un asunto frívolo y sin importancia.

Antes, consintió que el delincuente que ocupaba la alcaldía no entregara el mando de su fuerza armada. Que ocupara ese cargo a sabiendas de sus ligas con el narcotráfico.

Dijo Aguirre, cínico, que si su renuncia corregía los hechos se iba. No, no los corrige. Pero ese es el principio del sistema penal. El castigo al responsable no compensa el daño, pero lo castiga. Más: previene su repetición.

La justicia es, decía Ulpiano, dar a cada quien lo que le corresponde. Y Ángel Aguirre le corresponde abandonar un cargo que no ejerce.

El PRD y los órganos federales consintieron la permanencia del alcalde José Luis Abarca. Conocían sus vínculos con los Beltrán. No se sabe, hasta ahora, si la detención casi inmediata de su máximo capo, el H, está relacionada con la matanza o no.

El gobierno Federal llega tarde y mal. Tarde: porque no reacciona de inmediato ante la desaparición de más de 50 estudiantes. Su postura, en ese momento, fue que era asunto del gobernador. Ya vio que no, ante la crisis global y nacional que desató.  Mal: porque el presidente anuncia once días después de la primera matanza que asume el control de Iguala, como si fuera un problema municipal.

El PRI guarda un ominoso silencio de dos semanas, sólo haciendo eco de lo que el presidente dice. El partido se ha vuelto una caja repetidora. La primera declaración pública de su presidente es de antología: el responsable de este desastre mundial es el gobernador y debe quedarse a resolverlo. Sólo él, Camacho, confía en las capacidades de Aguirre. Sólo él aceptaría los resultados de una investigación estatal. Sólo él considera que al gobernador le queda un gramo de credibilidad para conducir una crisis que está siendo crujir al sistema: aunque el dirigente tricolor no lo quiera ver.

Andrés Manuel López Obrador calla. Un silencio ominoso. Cómplice. Marrullero. No se deslinda porque no puede. El precandidato de MORENA al gobierno de Guerrero, el partido de los impolutos e iluminados, es Lázaro Mazón Alonso, protector de José Luis Abarca y su esposa. Más: cuando fue alcalde de Iguala, Mazón tuvo a Francisco Salgado Valladares en el mismo cargo que Abarca: director de seguridad pública. Peor: el hermano de Mazón Alonso es suplente del hoy prófugo y, seguramente, por ley, será el nuevo alcalde. Desde el año 2009, la PGR emitió alertas y recompensas sobre los cuñados de Abarca. Ante esta mafia verdadera, no de novela, López Obrador calla. Los desaparecidos pueden esperar. Primero es la política.

El PRD pide disculpas por postular a un presunto criminal, a un impresentable, a un sucio, pero arropa a un gobernador inútil y arrogante. Las ligas políticas y el flujo de recursos provenientes de los estados son más importantes que la congruencia pública y el interés de hacer justicia a las familias de los jóvenes desaparecidos y seguramente ultimados.

¿Y el senado? ¿No es el órgano que debe controlar, entre otros asuntos, el funcionamiento de poderes de las entidades? No es la Cámara de diputados la que puede iniciar un juicio de procedencia ante hechos graves y probablemente ilegales?

No se percibe la intención para corregir a fondo lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? El estado está dando de sí porque no ha habido el interés por reformar a fondo la gobernabilidad y la democracia mexicana. Hay un orden federal funcional, gobiernos estatales disfuncionales y algunos municipios inexistentes o suplantados. Hay una corrupción corrosiva. Hay una ausencia de valores.

Hay una crisis de lo que somos. Ni más ni menos. Y nadie lo quiere ver.

@fvazquezrig

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