Estoy en contra de la legalización en el consumo de marihuana. Lo estoy, también, contra la legalización en su comercialización: de esa o de cualquier otra droga.
Como millones de mexicanos, he estado cerca de vidas destruidas por la devastación de una adicción. He sido testigo de futuros cercenados, de talentos despedazados, de voluntades quebradas. He visto casos de renacer, y también fracasos que han consumido la existencia de personas a las que quise o quiero.
Nadie que haya visto de cerca esto puede estar a favor de una política pública que facilite el consumo de sustancias que destrocen la vida.
Subrayo la palabra: política pública. Por su naturaleza, ésta persigue objetivos precisos y está diseñada para generar efectos determinados. Lo que se propone, legalizar el consumo de la marihuana, es tratar de corregir los daños inmensos causados por un estado corrupto y decrépito que ha permitido la proliferación de mafias que ejecutan a (casi) veinte mil mexicanos por año. Son innumerables los casos de la participación activa de la autoridad en el funcionamiento de las mafias: de migración a las policías de tránsito; de jueces a militares. Ignorando este hecho, un grupo de notables propone no combatir la corrupción y golpear los instrumentos financiaros del crimen, sino legalizarlo.
El costo, por supuesto, tiene una dimensión humana. Hay, en todos los casos del mundo en donde se ha implementado, un incremento en el consumo, así sea pasajero. Pero el tema no es de porcentajes, sino del costo humano que generan. La marihuana provoca efectos nocivos en la salud de las personas, particularmente en los jóvenes y, se coincide, es la puerta para el consumo de drogas duras.
Que los Estados estén legalizando en sus estados el consumo no es una justificante. Allá ellos. De Estados Unidos hay que imitar muchas cosas (su organización, su defensa de las libertades individuales, su sociedad abierta a la innovación) pero no su política de adicciones. Si Uruguay quiere seguir el ejemplo de Amsterdam para atraer turismo marihuano, allá ellos. Yo no quiero eso para México.
Juan Ramón de la Fuente presentó estadísticas sobre el potencial adictivo de la marihuana, en comparación con otras sustancias. Afirma que es más bajo, por ejemplo, que el alcohol o el tabaco. El tema, con todo, no es ese. Es determinar si en México la población tiene un problema con el consumo de alcohol y de tabaco y, por tanto, determinar si es factible abrir la puerta al consumo legal a otras sustancias menos adictivas.
Las cifras dicen que no. Según la secretaría de salud hay 17 millones de mexicanos adictos al tabaco, y cada año mueren 6 millones de mexicanos con enfermedades relacionadas a su consumo. Hay, también,6 millones de mexicanos alcohólicos y 35 millones que consumen al menos una vez a la semana más de 5 copas.3 de cada diez jóvenes mexicanos menores de 17 años consumieron alcohol en el último año. De ellos, 10 por ciento consumieron más de cinco copas. Alrededor de 17 mil personas fallecen cada año por accidentes de tránsito. De esos accidentes 54 por ciento tiene que ver con consumo de alcohol. De esas muertes, 23 por ciento son jóvenes de entre 15 y 24 años que habían bebido.
Esos son los resultados de la política contra el alcohol y el tabaco.
Los notables dicen que quien quiera consumir marihuana, lo hará. Es verdad. También quien quiera robar, asesinar o violar. El tema es si el Estado debe facilitar esas acciones o no.
Legalizar el consumo de marihuana no acabará con la economía del crimen. El núcleo financiero de los carteles proviene de los químicos y la cocaína. Tampoco terminará con la corrupción general del estado ni moralizará a la función pública. No detendrá la violencia. Si logrará, temo, arrebatar su futuro a miles de jóvenes y generará un nuevo problema de salud pública, auspiciado desde el estado. Por eso estoy en contra.