Mordaza
Por Fernando Vázquez Rigada
Una de las primeras medidas que tomaron los rebeldes pro rusos en Ucrania tras derrumbar al avión de Malasia Airlines fue tender un perímetro de seguridad para impedir la cobertura informativa de los medios internacionales.
Siempre que ocurren transgresiones serias a la ley, los infractores pretenden reducir la información para manejar a su antojo los escenarios. La opacidad favorece la calumnia, la manipulación, la construcción de culpables.
Por lo mismo, la democracia se nutre en gran medida de las libertades de prensa y de expresión para fortalecerse. Junto con la división de poderes, el derecho a la información tutela el escrutinio público sobre el poder.
La ley que aprobó el Congreso de Sinaloa, que incluye la más absoluta restricción a los medios de información para cubrir hechos delictivos o vinculados a la seguridad pública (es decir: todo) en la entidad, son el mejor ejemplo de que en el país conviven dos formas de entender el desarrollo político de la República.
Artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa: «Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumpla con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia. En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia. Ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del propio procurador o de la unidad de acceso. La víctima y ofendido, a través de su asesor jurídico, y el imputado, a través de su defensor, son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial; siempre que no se afecte el desarrollo de la misma».
Por un lado, están quienes queremos que haya más información, más pluralidad, más acceso ciudadano a los medios, más medios y medios de diferente tendencia. Por otra, están los poderes que tratan de ocultar, de prohibir, de manipular la información.
En Sinaloa se desnudó en todo su anacronismo ese sistema autoritario, ignorante y abusivo. El secretario de gobierno y el procurador del estado fueron los artífices de esa ley. El gobernador, que fue postulado por PAN y PRD, la envío al congreso. El congreso la dictaminó en comisiones y la aprobó en el pleno por unanimidad.
La defensa de los diputados fue bastante peregrina: no habían leído lo que aprobaron. Puede ser. Pero puede ser también que apostaran a que nadie advertiría la censura y ésta se convertiría en ley. Casi lo logran.
Con todo, la indignación generalizada que desató fue el termómetro que debería servir al poder para entender que la sociedad está cambiando rápidamente. Que los espacios de libertad que se han ganado no serán abandonados. Que la convivencia entre medios tradicionales y redes sociales ha hecho que el escrutinio sea no sólo más intenso y general, sino, acaso más importante, también más libre.
Cada ciudadano, hoy, es un reportero en potencia. Con el poder de un teléfono y una conexión a internet puede reportar cualquier hecho y viralizarlo.
La lección final de Sinaloa no puede ser más clara. El ejercicio del poder ha cambiado. Y lo ha hecho para siempre.
@fvazquezrig
