Fernando Vázquez Rigada
Abril 21, 2014

Hizo bien el ejecutivo Federal en interponer controversias constitucionales contra los cuatro estados cuyos gobernadores fueron incapaces de obtener los votos en sus congresos y cumplir con el mandato constitucional de reformar el sistema educativo. Tres de esas entidades -Michoacán, Chiapas, y Sonora- habían ratificado la reforma constitucional. De hecho, el congreso chiapaneco fue el primero que, gozoso, lo hizo a nivel nacional.

Oaxaca ni aprobó la reforma ni su magisterio permitió que se realizara el Censo. Ahí no manda la Constitución, dijo la CNTE. Ya no digamos Gabino Cué. Mandan los maestros. Punto.

La medida del ejecutivo es un importante precedente, aunque contradictorio.

La medida tiene dos connotaciones. Primero, ninguno de los Estados es gobernado por el PRI, partido del Presidente. La vieja cultura de la disciplina o bien el temor a una consecuencia política, hizo que aquellos que habían desafiado la iniciativa presidencial a través de leyes secundarias oscuras, recularan. de una u otra forma, los poderes facticos regionales que operan en la órbita del PRI fueron doblados. Los arrebatos verbales quedaron en eso: aspavientos.

Las excepciones son dos: Michoacán, que realmente no es gobernado por nadie y cuya situación es de un estado de excepción de facto. Por otro lado está Chiapas, cuyo gobernador es formalmente Verde Ecologista aunque realmente priísta. Chiapas es caso aparte. Es la tierra de Elba Esther Gordillo. Es una entidad de alta volatilidad. Pese a una abrumadora mayoría en el congreso, el SNTE posee una temible capacidad de movilización. En respuesta a la reforma constitucional, los maestros hicieron un paro de 85 días. Afectaron a 1 millón 300 mil alumnos. La CNTE arrebató la sección 7 al sindicato, fracturándolo. Para salir del paso, el gobierno estatal firmó un acuerdo que incumplió. Ahora la pelota pasa a la cancha de la Corte.

Los otros estados, Oaxaca y Sonora, son (des) gobernados por ejecutivos emanados de la izquierda y el PAN, respectivamente.

En ambas entidades, se entendería, los resortes políticos no fueron suficientes para doblar las resistencias locales y ahí es donde opera, correctamente, la instancia legal. Los recursos, particularmente los constitucionales, son para eso: no debe extrañarnos. Todas las democracias desarrolladas funcionan así. La lógica del procedimiento político en México está cambiando.

La resolución de la Corte es previsible. Nadie puede estar por encima ni contra la constitución: y el mandato constitucional es muy claro en materia de los requisitos que deben cumplir los docentes y cómo deben ser evaluados. Pretender incumplir con el mandato violenta el espíritu del derecho público.

Por ello, la medida también es, al mismo tiempo, contradictoria: modificar un mandato constitucional, torcerlo, limitarlo es, justamente, lo que pretende el ejecutivo en su iniciativa de reforma de telecomunicaciones.

Lo mismo que combate, con razón, en la Corte, es lo que promueve en el congreso para desvirtuar el mandato constitucional en lo tocante a televisión, telecomunicaciones, competencia, contenidos, entre otros temas.

Hoy, les tocó controversia a los gobernadores. Plausiblemente, mañana le tocará acción de inconstitucionalidad al ejecutivo. El problema no es ese, sino la postura gelatinosa, medir con dos varas, aplicar dos estándares: uno para los sindicatos, otro para las televisoras.

Resurge así el México más ancestral: hágase la justicia, en la yunta de mi compadre.

@fvazquezrig

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