Por Fernando Vázquez Rigada
La reforma de reformas, la energética, ha sido aprobada en sesiones maratónicas del Senado. No es posible hacer un análisis definitivo de la legislación en tanto no se apruebe en la Cámara de Diputados y se promulgue.
No obstante, vale la pena hacer varias consideraciones.
Primero: es indudable que una reforma era indispensable. México dejó de ser potencia energética porque se promovió el debilitamiento de PEMEX de manera intencionada desde el sexenio de Miguel de la Madrid. México vivió, a partir de entonces, de la infraestructura que levantó José López Portillo.
Segundo: la reforma debe atender, primero, al interés nacional para que el sector energético funja como locomotora de un nuevo modelo industrial de desarrollo incluyente. En principio, el enfoque de la reforma parece quedarse corto, pues no se acompaña de un integralidad de políticas públicas que fortalezcan a la industria nacional, eslabonen las cadenas productivas, se generen tecnologías propias ni se inyecte productividad al desarrollo de nuestro capital humano.La reforma se enfoca en tres objetivos: abrir el sector energético, generar competencia y promover la generación de empleo. Que haya competencia y que lleguen inversiones es muy bueno. Que se genere empleo, es una buena noticia. Pero estos son elementos necesarios, no suficientes, para generar un nuevo modelo energético nacional.
Tercero: se abre PEMEX a la competencia pero se le condiciona con una armadura normativa que la hace inoperante. Se mantiene bajo la órbita de Hacienda, lo que implica que seguirá siendo utilizada como un instrumento de recaudación y no de producción. Peor, como advirtió Jesús Reyes Heroles, no sólo se mantiene la rigidez en PEMEX, sino que ahora se le impone a CFE.
Las empresas públicas competirán en muletas contra corredores de 100 metros de clase mundial.
Cuarto: los efectos de la reforma se verán, en términos de tarifas, en el año 2018. Primero tendrán que llegar las inversiones, desahogar la ronda cero, y probar la efectividad de los estímulos aprobados. En ese año, 2018, se liberarán los precios. Estos serán regulados por la oferta y la demanda. Al mismo tiempo, sin embargo, los legisladores han aprobado que la SHCP tenga subsidios focalizados para no perjudicar a las clases más necesitadas. Traducción: habrá precios que no sólo no bajarán, sino que se incrementarán.
Quinto: se abre la posibilidad de importar gas, una medida que inyecta competitividad a la industria nacional. Las limitaciones del monopolio público eran muchas y costosas. En muchos casos, las industrias trabajaban a medio motor.
Sexto: Se permite a PEMEX y sus filiales asociarse con particulares para el desarrollo de proyectos. Las asociaciones público privadas son un instrumento que puede impulsar el desarrollo acelerado del sector energético. PEMEX deberá tener una estrategia de negocio que le permita recibir transferencias tecnológicas, generar asociaciones no subordinadas, e impulsar proyectos de producción de valores agregado y no sólo de explotación de crudo o gas.
Habrá que esperar la definición de la Cámara de Diputados antes de calibrar los efectos integrales de la reforma. Algo, con todo, es indudable: el ritmo de las reformas están transformando el rostro del país. México ha cambiado y, para bien o para mal, nunca volverá a ser lo de antes.