LOS CORRUPTOS
Fernando Vázquez Rigada
El gran tema a resolver en el futuro inmediato es restaurar la credibilidad de la política. Hacerlo pasa por un tema neurálgico: abatir la corrupción. La arrogancia del poder nos embiste semana tras semana. Abuso. Influyentismo. Cuatismo. Cinismo. Frivolidad. Esos son los temas que están matando a la democracia mexicana.
Acabar con la corrupción implica asumir una ética pública que, por lo mismo, pasa por dos coordenadas fundamentales: abrazar un compromiso social con el castigo a la opacidad y hacer, por tanto, que los políticos se vean forzados a actuar en favor de una cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la rectitud.
La ética pública implica renunciar al cohecho y a la tolerancia. Lo frontera de la ley no es laxa: es rígida y severa.
El castigo social es muy simple y efectivo, sobre todo hoy. Pasa por una recomendación personal de Pascal Beltrán director de Excélsior: no votar por quien no haga públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés.
La herramienta que tenemos para castigar es el voto. Quien no esté dispuesto a transparentar sus bienes ahora, no rendirá cuentas como gobernante. Quien no nos diga que tiene hoy, es porque su interés es multiplicarlo mañana.
El IMCO, Transparencia Mexicana, Change.org y diversas agrupaciones locales han impulsado las plataformas para que los candidatos publiquen sus bienes, cuentas bancarias, sociedades, títulos accionarios y que esa información pueda ser cotejada por el ciudadano, cruzándola con la declaración de impuestos. Si esto tengo, tuve que haber tenido ingresos suficientes para ello. Si así es, tuve que pagar impuestos. Si no lo hice, mi fortuna es ilegal.
Tristemente, reveladoramente, sólo un puñado de candidatos han tenido el valor y la transparencia de rendir cuentas. A nivel de candidatos a Gobernador, sólo cuatro: Francisco Domínguez Servién y y Carlos Mendoza Davis, candidatos del PAN a Querétaro y Baja California Sur, respectivamente. También Luisa María Calderón (PAN/Michoacán) y Martha Zepeda (PRD/Colima).
Cuatro, de un total de 63. Apenas cerca del 7%. Tal es el compromiso con la honestidad de la clase política.
También reveladora es la reacción de sus contrarios. Roberto Loyola, candidato del PRI a la gubernatura de Querétaro, ha ido mudando de opinión. Primero entregó un acuse de recibo de una notaría a Coparmex y festinó, campechano, que había cumplido. Luego dijo que sus bienes eran públicos en el registro público de la propiedad: es decir, quien esté interesado que vaya a los registros de todo el país y del exterior a indagar sus bienes. En el registro no están disponibles, además, sus cuentas ni las de su esposa. Tampoco sus declaraciones fiscales. Posteriormente dijo, a través del Presidente del PRI, que no la hacía pública por miedo. Finalmente aclaró el propio candidato: no presentará nada porque es notario y debe guardar secretos. Porque no quiere comprometer a sus socios y porque quiere ser gobernador, pero no a cualquier costo.
Veamos: Ser notario implica guardar secretos de otros, no los propios. La demanda ciudadana es conocer sus bienes, no de sus clientes: un argumento verdaderamente baladí, cuando no risible. Declarar su participación en empresas no implica revelar la identidad de sus socios. Significa saber en qué empresas tiene intereses, de qué ramos, en qué sectores y desde cuando participa en ellas. Por último, la perla: si el costo de ser gobernador es rendir cuentas, no quiere pagarlo. De antología.
Como el candidato del PAN publicó sus bienes, posteriormente también lo hicieron el de Movimiento Ciudadano y Morena, aunque no en la plataforma del IMCO y Transparencia Mexicana.
En Baja California Sur, el candidato del PRI no estuvo mejor que su compañero de Querétaro. Ricardo Barroso se aventó una cadena de argumentos peregrinos que lo desnudan. Dijo que él había presentado sus bienes a la comisión respectiva del PRI que, como se sabe, es un instituto de gran prestigio social en temas de transparencia. Acosado por los medios sobre el contenido de su declaración, Barroso balbuceó que no recordaba su salario como senador, ni las propiedades que tenía, ni el número de cuentas bancarias que poseía él o su esposa. Sufrió, pues, un ataque abrupto de Amnesia Patrimonial.
Pero ese es, justamente, el sentido de la presión social: forzar a los candidatos a desnudarse. A mostrarse como son. A rendir cuentas o a refugiarse en el ridículo.
Aclaro: este mal afecta a toda la clase política, no a un partido en particular. De ser de otro modo tendríamos al menos cientos de declaraciones ya presentadas y no solo un puñado. Pero el enfoque positivo está en lo que ocurrió en Querétaro: el hecho de que un candidato se abra a la sociedad va forzando a que otros lo hagan. Ojalá eso ocurra en todo el país.
No es condenable poseer un patrimonio: lo condenable es ocultarlo. Si algo se oculta es porque está sucio. Lo que se guarda, se pudre.
México no puede seguir tolerando la simulación. El carisma no puede suplir la transparencia. Una inteligencia corrupta es peor que una corrupción a secas.
No hay, por lo pronto, una obligación legal para publicar su patrimonio: sólo una moral. Quienes aspiran a un cargo de elección reciben un mandato. Hoy, los mandantes exigimos que nos rindan cuentas. Si no están dispuestos a hacerlo, está bien, sólo que no pueden ser servidores públicos. Que permanezcan en el sector privado.
Debería haber, también, un compromiso personal. Quien no lo tiene, mueve a la sospecha. A la duda razonable de que es un corrupto o de que pretende serlo.
Allá ellos. Por lo pronto, la decisión está en nosotros. Benedetti decía que no siempre se puede hacer lo que se quiere, pero que siempre es posible negarse a hacer lo que estamos en desacuerdo. Y ese es el tema. Por ellos o por gente como ellos, yo no voto.
@fvazquezrig
