LATROCINIO
Por FERNANDO VÁZQUEZ RIGADA
La suerte de Javier Duarte cambió el día que Donald Trump visitó el país.
Como nunca antes, las encuestas revelaron que la sociedad estaba indignada contra su presidente. Ni la casa blanca, ni Ayotzinapa habían generado el daño que produjo esa visita. Ante el tobogán, el gobierno federal requería una válvula de escape.
El desmoronamiento del peor gobernador de la historia nacional no es producto de un acto de legalidad ni menos de justicia: es un asunto político.
Triste, pero así es.
Duarte se había convertido en el símbolo de lo peor de la torpeza, la soberbia y la corrupción. No era un sinónimo de todo lo malo de la política: lo encarnaba. Por eso, por su torpeza, su corrupción y su arrogancia, se convirtió en el candidato perfecto para encabezar una operación de recuperación de credibilidad.
La maquinaria institucional comenzó a triturarlo con toda puntualidad. Se nombró a su principal adversario interno, el senador Héctor Yunes, presidente de la Comisión Anticorrupción del senado. El presidente del PRI se lanzó contra él. El SAT armó una brigada especial de auditores que urgan todo. La PGR filtró información a Carlos Loret sobre la toma del Palacio de Gobierno. Duarte desmintió, y la PGR desmintió el desmentido: el hecho no solo había ocurrido, sino que iban tras él, tras el gobernador. El PRI le retiró sus derechos, lo que en el mundo del simbolismo priísta implica una suerte de muerte civil: estar sin amparo. Señalado. Solo.
Cuando un juez obsequió finalmente una orden de aprehensión contra Guillermo Padrés, cuya gravedad no protegía el amparo legal, toda esperanza de Duarte debió desvanecerse.
Políticamente era imposible castigar a un ex gobernador panista sin degollar a alguien de casa. Otra vez: cuestiones de cálculo, no de convicción.
La semana pasada finalmente pidió licencia. Licencia tardía. Extraña. Posiblemente inútil.
Duarte debió haber sido forzado a separarse del cargo hace mucho. La deuda del estado al menos se triplicó, al pasar de algo más de 21 mil millones a 45 mil asentados en Hacienda pero a más de 63 mil si se consideran los préstamos adquiridos que se amparan con recursos estatales, mismos que el congreso le aprobó.
El gobierno estatal condenó a la UV a la muerte por inanición, a los jubilados los reprimió. Regaló los bienes públicos. Desapareció 35 mil millones de pesos en cuatro años, pero solo en uno, 14 mil. En revisiones estatales, solo del ejercicio del año pasado, la Auditoría Estatal señala casi 10 mil más: un saqueo.
La corrupción llegó a niveles de inmoralidad inauditos: una investigación periodística reveló que se crearon por cercanos al gobernador empresas inexistentes para robar el dinero público.
A agosto de este año, las ejecuciones sumaban ya 537. Octubre fue, otra vez, rojo: 40 ejecutados en 11 días.
A la lista se suman periodistas pero se restan miles de desaparecidos. Veracruz es, en todos los sentidos, una fosa abierta. Estado clandestino, secuestrado, desamparado.
Miles de empresas han ido a la quiebra producto de los adeudos estatales. Por eso la economía creció en promedio anual solo 1.4%, la informalidad creció al 62% y la pobreza llegó a 60 de cada 100 veracruzanos. No es una crisis: es una tragedia.
Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana: fue un proceso de degradación, de perversión y de locura que nadie quiso detener.
Al menos en tres ocasiones en los últimos dos años, funcionarios de primer nivel solicitaron una intervención federal para remover al gobernador. La respuesta del más alto nivel fue la misma: no. La más reciente fue en febrero de este año.
A partir de la derrota electoral, Duarte emprendió dos rutas. La primera, legal, para protegerse. Esta generará un nuevo escándalo en cuanto se dé a conocer a su equipo de defensores legales. Segunda, la política de tierra quemada para dejarle a su sucesor, Miguel Angel Yunes, un estado desértico. El congreso aprobó una serie de medidas rayanas en la demencia. Pero nada sorprende ya en ese manicomio tropical, ahora sí, Paraíso de los Locos, para usar la feliz expresión de Miguel Rodríguez Azueta.
Sea como fuere, la caída de Duarte es un acto de justicia. Los motivos sobran. Su destino está sellado. El gobierno Federal no puede permitirse un acto de impunidad después de toda la operación para generar una percepción que le rinda frutos políticos.
Para que la estrategia funcione, sin embargo, deberá llegar a los círculos concéntricos de la corrupción jarocha, que incluye a cientos de funcionarios, prestanombres, familiares y amigos que condujeron a un estado grande y potente a la bancarrota financiera y moral.
Deberan ir a la cárcel e, igual de importante, resarcir al erario lo que se llevaron.
Para ello, la PGR deberá solicitar al congreso federal el juicio de procedencia contra Duarte, y actuar en una Operación Limpieza contra las complejas redes de corrupción, simulación y lavado de dinero que llevaron a la ruina a millones de veracruzanos.
Habrá que exponer en toda su crudeza el saqueo y la energía del castigo. Y deberá hacerlo antes del primero de diciembre. De no hacerlo así, el gobierno federal habrá lanzado un búmerang.
Ya entonces habrá tiempo de nivelar el marcador y detener a Padrés y los suyos. A los Aguirre que arruinaron a Guerrero. O a los Cué que dejaron en huesos a Oaxaca. O a los Ebrard que también saquearon y también tienen agravios políticos irresolutos.
Pero en la lista de merecedores de castigo está la mitad del país.
Y he ahí la terrible conclusión. Duarte es el peor de su género, pero hay muchos. Hay de todos los partidos. Hay de todas las regiones. Hay de todas las edades.
Pero el país es uno.
¿Como llegamos hasta aquí? Deberá, tarde o temprano, haber un responsable político de este latrocinio nacional.
Cuestiones de Maquiavelo: cuando resulta inevitable encontrar un responsable, hay que hallarlo pronto. Y hallarlo abajo.
De no hacerlo, los responsables terminan llegando tarde y arriba. Muy arriba.
@fvazquezrig
