Ariculos 2011

08/08/2011

Cuando uno se enfrenta a una crisis de carácter financiero, sólo tiene tres opciones: reducir gasto, aumentar ingresos y negociar sus deudas.

La dura situación con que se recibió la administración pública por parte del gobierno que arrancó apenas en diciembre pasado no tiene paralelo en la historia de Veracruz. A una situación extremadamente comprometida, se sumó la penuria social: el incremento en 7% de los índices de pobreza en sólo dos años (2009 y 2010) que implica que casi seis de cada diez veracruzanos vivan en la pobreza, habla de la fragilidad económica y social del Estado. El dramatismo de la situación termina de dibujarse si se considera el siguiente dato de CONEVAL: sólo el 13.3% de los veracruzanos viven por encima del índice de bienestar. Esto es: 9 de cada diez padecen algún tipo de vulnerabilidad, sea de salud, alimentación, vivienda o ingreso.

Los datos del último censo del INEGI refieren que, además en los últimos cinco años, el número de analfabetas creció en 7 mil, al pasar de 135 mil a 142 mil personas.

A pesar que de la deuda se incrementó en 757% en seis años, esto no sirvió para reducir los rezagos sociales. Un ejemplo: Coahuila es, hoy, el Estado con mayor índice de endeudamiento per cápita del país: más de 7 mil pesos por habitante. Sin embargo, los datos de Coneval indican que, pese al desastre nacional en materia de combate a la miseria, esa entidad logró abatir en 5 puntos porcentuales sus registros de pobreza.  En otras palabras: el endeudamiento sirvió en una lógica social. Aquí no.

La pasada administración recurrió a la contratación de deuda bancaria de manera acelerada particularmente en los años 2009 y 2010. Esto derivó en que prácticamente el 35% de las participaciones federales (que representan casi el 90% del ingreso de Veracruz) fueran retenidas. Pero esta situación ocurrió pese a que en esos dos años el gobierno del Estado tuvo ingresos presupuestales históricos: 62 mil y 70 mil 250 millones de pesos respectivamente. Para dimensionar esta cifra, es preciso recordar que el máximo presupuesto que ejerció la administración de Miguel Alemán fue de 39 mil 390 millones de pesos. No hubo un solo año en que los recursos presupuestales no aumentaran.

Al mismo tiempo, en esos dos fatídicos años, 2009 y 2010, el gobierno dejó de honrar sus compromisos: por eso la deuda con proveedores era descomunal: más de 21 mil millones de pesos que se logró reducir a 17 mil tras esfuerzos extraordinarios de pago.

Tenemos entonces una doble pinza: se expandió el gasto y además se pidieron recursos adicionales.

¿Qué ocurrió? Sucedió que la mayoría de los recursos fueron utilizados para hacer crecer el gasto corriente. Esto es: se incrementó el costo de la burocracia estatal. A través del gobierno personal que hacía y deshacía, de cumplir caprichos, de convertir a la administración en gobierno de un solo hombre, de satisfacer demandas para apuntalar la popularidad, de repartir efectivo a cambio de aprobación, se duplicó el gasto corriente del gobierno. Pasó de 28 mil millones de pesos a 55 mil. La nómina estatal creció en 12 mil millones de pesos, producto de la creación descontrolada de plazas, cargos, nombramientos, organismos. Las compras crecieron 224% en seis años.

De ahí que, como suele decirse, Javier Duarte recibiera una administración agarrada por alfileres. Lo que hizo el Gobernador fue no quitárselos y actuar con absoluta responsabilidad. Podía haber refinanciado, ejercido más recursos y contratado nuevos empréstitos. Las decisiones, sin embargo, fueron de mayor calado y, por tanto, más difíciles de tomar. Se optó por hacer un análisis objetivo de la situación y hacerle frente. Se privilegió la responsabilidad sobre la popularidad.

Por ello, desde diciembre se anunciaron las medidas para contener el gasto, con el objetivo de ahorrar hasta 6 mil millones de pesos sólo durante el primer año. Era comprensible que esto se hiciera. No se podía pedir a la población mayores sacrificios sin poner el ejemplo. Los resultados al corte del primer semestre hablan de una disminución del gasto corriente de 7.2%: un ahorro de 1,677 millones de pesos. La reducción del gasto se notará más el próximo año, cuando haya cerrado el programa de retiro voluntario cuyas liquidaciones, únicas, distorsionan la estadística este año.

Para frenar la vorágine de gasto y hacer que las finanzas regresaran al cauce ya no sólo del orden, sino de la racionalidad, se dictaron medidas de contención y se comenzó con el adelgazamiento del aparato estatal, mediante la desaparición de organismos, plazas ficticias o no prioritarias y el programa mencionado de retiro voluntario que desde la SEFIPLAN ha permitido reducir más de tres mil plazas en su conjunto.

El apretón del cinturón comienza, pues, a dar resultados, pero sería insuficiente si, además, no se hicieran esfuerzos por incrementar los ingresos. Aquí los resultados han sido aún mejores: éstos han crecido más de 20%, lo que implica que las arcas estatales han recibido más 3,539 millones de pesos. Por lo mismo, el Gobernador Duarte dará al Congreso, cuando llegue su Primer Informe, buenos resultados en el área financiera: existe hoy un superávit de casi 3 mil millones de pesos.

Las medidas de reingeniería financiera se complementan con la reestructuración aprobada por el congreso que permitirá liquidar los pasivos a proveedores e inyectará, así, recursos frescos a la economía veracruzana.

El esfuerzo emprendido ha sido mayúsculo y debe ser entendido en su verdadera magnitud. Si se mantiene el orden y la disciplina, si se logra sanear financieramente a Veracruz, el Gobernador Duarte habrá dado un paso sumamente importante en la construcción de un marco de responsabilidad política, madurez y eficiencia. Tendrá, también, mayores márgenes de operación para articular programas de transformación social a través de impulsar un mayor crecimiento económico.

Finalmente, no olvidarlo, todo problema social es, en los hechos, un problema económico. Para resolver el rezago que nos lastima, había que empezar, pues, por el principio.