PRIORIDADES
FERNANDO VÁZQUEZ RIGADA
Tuvieron que pasar 35 días para que el presidente de México se reuniera con los padres de los jóvenes desparecidos.
Lo hizo en la privacidad de la residencia oficial de Los Pinos. Ahí: en un mundo infranqueable y controlado.
En todo este tiempo, el presidente de los mexicanos no ha encontrado tiempo, oportunidad o interés para ir personalmente a Iguala. Menos a Ayotzinapa. No ha podido, entonces, sentir el pulso de la sociedad; calibrar la inconformidad; coordinar reuniones operativas desde el epicentro mismo de esta tragedia nacional.
Fue el miércoles el primer encuentro con los padres que no pueden descansar ni guardar luto porque eso es un desaparecido: una herida que no cierra. 35 días de dolor sin el dolor del presidente.
Se llevó a cabo un encuentro con muchas preguntas y pocas respuestas. Con muchas averiguaciones y poca justicia.
Así es el México de hoy.
Hay una consternación que llena de temor y de indignación a la sociedad. Hay un reclamo de justicia que no encuentra eco en la realidad. Hay un hartazgo ante la corrupción que nos consume y ante la impunidad que inflama el abuso y, peor, lo perpetúa.
La autoridad sigue sin tener, siquiera, una versión oficial de los hechos. Se dijo que todo había sido un arrebato del alcalde Abarca para castigar a los normalistas por arruinar la fiesta de su esposa. Se dijo que esta acción derivó en una confusión que costó la vida a los rehenes. Que todo fue producto de una psicosis, de la sevicia, de la crueldad extrema que caracteriza a este México lamentable.
Ahora, sin embargo, se filtra la especie de que los jóvenes iban infiltrados por un grupo rival a Guerreros Unidos: la tentación de criminalizar a las víctimas como acto de fuga. El viraje de la versión mueve a estupor, a sospecha y a incredulidad.
El gobierno, en suma, permanece desorientado, sin capacidad operativa, sin estrategia clara de cómo salir de este callejón sin salida.
No habrá solución si no se tiene una versión única y soportada por evidencia científica irrebatible. Tenemos que conocer claramente qué ocurrió con los jóvenes. Presentar a Abarca y a su esposa ante la justicia. Consignar a Angel Aguirre por encubrimiento. Remover a la estructura de delegados federales en Guerrero relacionados con la seguridad, la procuración de justicia y la gobernabilidad que fueron omisos o incompetentes. Separar de sus cargos a los funcionarios federales que incumplieron con su obligación de intervenir eficientemente en un tema que se ha convertido en un tema de oprobio internacional.
Eso resuelve la coyuntura, pero no la falla estructural que presenta el entramado institucional en México.
Para ello, faltaría emprender una gran reforma anticorrupción, con componentes precisos de rendición de cuentas y transparencia; una reforma federalista que distribuya competencias constitucionales entre los tres niveles de gobierno. Una reforma que renueve el poder judicial. El anticipo de la transformación de la PGR en fiscalía general. Fortalecer a la CNDH. Forzar la integración de mandos únicos policiales. Reconfigurar el sistema de inteligencia nacional.
Al mismo tiempo, el Estado tendrá que aplicar una enérgica labor preventiva en aquellos municipios que presenten, desde ahora, vulnerabilidades similares a las de Iguala.
En fin: hace falta una cirugía mayor al sistema político mexicano para garantizarle imparcialidad, eficiencia y solidez.
La gran tarea de resolver este caso y suturar la herida que se ha abierto en Iguala, sin embargo, deberá esperar. El presidente va a China durante 9 días. Hay asuntos prioritarios que atender allá.
@fvazquezrig
