26/09/2010

En México tendremos que tomar medidas dolorosas para reformar nuestra forma de vida. Las tragedias anuales que mueven a la devastación, a la desolación, a la desaparición de patrimonios y de vidas han dejado de ser fenómenos eventuales, contingencias, para pasar a formar parte de nuestra existencia. El tiempo del desastre llegó para quedarse.

Hacia finales del Siglo XX, Anthonny Giddins, uno de los economistas ingleses más influyentes del mundo, escribió un libro memorable: “Un Mundo Desbocado”. Alertaba que los hombres del Siglo XXI tendrían que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. La capacidad de aprender a vivir sólo con la certeza de lo incierto sería el resultado de la globalización y, dentro de ella, del terrible deterioro ambiental al que hemos sometido al planeta. El signo económico del Siglo XXI no sería la competitividad, la generación de riqueza ni el surgimiento de las nuevas tecnologías: sería el riesgo.

El ser humano ha tenido la capacidad de generar más riqueza en un siglo –el que concluyó- que en toda la historia. Lo ha hecho, sin embargo, a un costo terrible. En cien años hemos destruido más ecosistemas que en el resto de la historia humana. La naturaleza, simple y llanamente, nos está pasando la factura.

El costo global de los continuos desastres naturales es de escalofrío: el Reporte Stern lo ubica entre el 5% y el 20% del PIB Mundial, es decir, entre 5 y 14 billones (14 millones de millones) de dólares. Pero la devastación no sólo es económica: es, en términos humanos y morales, insostenible.

Con todo, el mundo parecería empecinado en continuar con su ruta suicida. En México no hemos desarrollado una cultura de la prevención. Hemos afinado nuestros sistemas de protección civil que reaccionan de manera eficaz ante la tragedia, pero continuamos con una educación escasa, cuando no inexistente, sobre el cuidado al medio ambiente: abusamos del uso del automóvil, desperdiciamos energía, no separamos residuos ni reciclamos. Descargamos nuestros deshechos al mar. La industria descarga a los ríos hasta asesinarlos.

Bajo esta triste realidad se extiende el mal endémico del país: la corrupción. La densa red de intereses que nutren la vida política de la nación ha permitido que se construyan fraccionamientos donde no debería, que se tiendan planchas de cemento en las costas, lo que modifica las mareas, que se descarguen con impunidad desechos a los mares o a la atmósfera. Este, lo estamos viendo, es otro tipo de corrupción: es una corrupción criminal.

El país posee frente a sí un doble reto: el de la creación de una cultura de sustentabilidad que modifique necesariamente los hábitos de vida de la población y reordene la vida económica de la República, por un lado. Por otro, existe, como en toda crisis, una oportunidad: que se articule un esfuerzo institucional para convertir al país en un gran clúster de generación de energías verdes, aprovechando la fuerza de nuestros ríos, la intensidad de los vientos, el poder de las mareas, o el sol que baña a gran parte del territorio nacional. El mundo en desarrollo tendrá que invertir 33 billones de dólares de aquí al 2030 para suplir a la energía alta en carbón que hoy domina la actividad humana.

Hay decisiones que para una nación, son definitorias de su moral pública. Ésta es una de ellas. Ya no sólo es una cuestión de racionalidad. Es también una de decisión sobre cómo nos asumimos como sociedad, sobre la definición de si estamos dispuestos a cambiar o preferimos seguir entregando año con año patrimonios, recuerdos, vidas… hasta que nos toque el turno

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