SOBERANÍA
Fernando Vázquez Rigada
Durante siglos, el concepto de soberanía sirvió como escudo; contra injerencias externas, cierto, pero también para defender las más crueles atrocidades.
La soberanía pasó de ser un concepto innovador y estabilizador al motor de las horas más oscuras de la humanidad.
Por eso su uso, como las palabras, debe utilizarse con cautela.
Su concepto nace en el siglo XVI, en los Seis Libros de la República, de Bodin, pero es puesto en práctica con La Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de Treinta Años y colocó a la soberanía como piedra angular del estado nación.
El concepto implicaba que los estados ejercían dentro de su territorio su potestad, sus leyes y el monopolio legítimo de la fuerza. Ningún otro estado podía incidir en asuntos internos y todos los estados eran iguales entre sí.
Siglos después, el Tratado de Viena, producto de la derrota de Napoleón, derivó en el llamado sistema de equilibrio de poder, donde, usando su poder soberano y en ausencia de una autoridad global, los estados nación tejían alianzas según sus intereses.
Por eso el sistema crujió pronto. Las prioridades soberanas cambiaban como el viento y, al final, degeneró en una red de frágiles pactos que, fatalmente, condujo al estallido de un conflicto atroz sin mucho sentido: la Primera Guerra Mundial.
Pero el concepto de soberanía como mantra intocable se mantuvo tras la guerra. Todo cambió tras la Segunda Guerra Mundial. Hace, nada menos, que 81 años.
A partir de entonces, se fundó un nuevo basamento jurídico. No: los estados no pueden hacer lo que les dé la gana dentro de sus territorios. Los horrores del holocausto que, por cierto, tenían en gran medida un sustento legal, fueron considerados como inaceptables para la humanidad en su conjunto. Los juicios de Nuremberg determinaron que había un conjunto de derechos, comunes a los seres humanos, que están por encima de la soberanía. No se podía matar a una persona por su raza o su religión. No se podía gasear a un discapacitado. Los seres humanos no podían ser usados como conejillos de indias en experimentos.
Más: una orden del jefe de Estado no exculpaba de responsabilidad a los subordinados por cometer atrocidades aún en nombre de la ley nacional.
De ahí, la comunidad internacional ha intervenido para frenar o castigar genocidios o crímenes de odio: de Somalia a Kosovo y del Congo a Libia, la ONU ha autorizado intervenciones de diverso tipo.
El estado mexicano juega en una línea muy delgada al enarbolar la soberanía como excusa para no castigar conforme a derecho a cientos —literalmente— de funcionarios que protegen a los cárteles.
No hay sustento legal, político ni moral para ello.
Los cárteles ya no se dedican sólo al trasiego de droga. Ahora saquean combustible, extorsionan, cobran piso, trafican seres humanos. Crece el despojo de viviendas. Hay una gran cantidad de jueces electos vinculados a criminales.
El crimen organizado ha traído a México el drama de los desplazados: familias que abandonan todo con tal de vivir en paz. Hay casi 130 mil desaparecidos. Más de medio millón de homicidios.
Apenas la semana pasada se desmanteló una refinería y un centro logístico en Tamaulipas. Antes, había ocurrido en Veracruz. ¿Nadie vio nada? ¿Nadie supo nada? Millones de barriles de combustible desaparecen de Pemex, son exportados, reimportados, pasan por aduanas y puertos, se distribuyen por la red ferroviaria o las carreteras del país. Se venden a gasolineros corruptos o a pie de vía. El monto del negocio se estima, a la fecha, en más de 600 mil millones de pesos. Ninguna autoridad financiera ha detectado ese colosal maremoto de dinero.
Mientras esta impunidad crece, las principales arterias del país se llenan de memoriales a nuestros caídos: muertos o desaparecidos.
Esas son nuestras cicatrices soberanas.
Mientras este drama agobia, el gobierno decide no actuar, por cálculo o complicidad, alegando motivos soberanos.
Nuestra única soberanía real tiene un nombre: el de la muerte, que aquí, como nunca — diría Edmundo Valadés— sigue teniendo permiso.
@fvazquezrig
