18/04/2011

Mal ha hecho el PRI en renunciar a empujar las reformas indispensables que requiere México. El último anuncio negativo tuvo que ver con la posposición de la reforma laboral que el propio tricolor había presentado y, en teoría, consensuado.

La laboral es una reforma sumamente importante, si se toman en cuenta los últimos datos publicados. Los mexicanos trabajan diez horas en promedio, muy por encima del promedio en países desarrollados. Con todo, el esfuerzo no basta: la productividad apenas ha crecido 2% en los últimos 20 años, mientras que en Corea del Sur se ha disparado en un 200%. Un trabajador irlandés hace el trabajo de cinco mexicanos.

Las consecuencias inmediatas, son, por supuesto los salarios. La media salarial en el país es raquítica, con 44% de la población ganado menos de dos salarios mínimos. La situación es consecuencia de un sistema económico de baja innovación, calidad, desarrollo de habilidades, investigación y desarrollo tecnológico. La capacitación es escasa y los estímulos a la productividad, débiles. Hay una maraña de contratos colectivos, contratos ley, y sobreprotección sindical que han pervertido las relaciones laborales en el país.

La integración en su momento de un estado corporativo generó una diáspora de tejidos políticos en donde sindicatos y poder comparten intereses, recursos y complicidades.

Pero la laboral no es la única que el PRI, particularmente en la Cámara Baja, ha detenido. La reforma fiscal propuesta por el propio tricolor en el Senado fue condenada a muerte, como en los tiempos de Morones, de manera anticipada desde la diputación menos revolucionaria y más institucional. Esa reforma, con matices y correcciones, tendería a elevar la raquítica recaudación fiscal. Aunque carece de la valentía necesaria para tocar los regímenes especiales que permiten la evasión legalizada de más de 500 mil millones de pesos anuales de las más grandes empresas de México su aprobación sería una señal a los mercados –económicos y electorales- de que el PRI ha puesto en movimiento sus resortes de poder para impulsar reformas mayores. Ahora la señal es la contraria.

La propuesta del presidente para fortalecer la Comisión Federal de Competencia Económica para enfrentarse a los monopolios, y cesar el triste espectáculo de una guerra sin árbitro de los monopolios entre sí, se ha congelado en el senado. Esto hará que el 2012 sea un juego de subastas entre los súper ricos y los modestos candidatos solicitando recursos. Peor: seguirá la captura del estado y el secuestro de la competitividad de la República.

El IFE lleva más de cuatro meses sin consejeros por el rejuego palaciego en el congreso, con el consiguiente debilitamiento institucional.
Es posible que, en estas circunstancias, el PRI esté cayendo en un espejismo: pensar que la elección presidencial del 2012 está resuelta. No lo está, ni lo estará hasta julio de ese año.

Habría que recordar que no utilizar el poder es peor que no tenerlo. La profecía de Shakespeare siempre se cumple: el poder regresa en sentido inverso, descomunal en su fuerza, contra aquel que se niega a utilizarlo.

Además, el PRI, al preferir evadir todo costo político, olvida que, en el caso de ganar las elecciones, él sería el principal beneficiario. El peor costo que se puede pagar, en política, es tratar de no tener costos.

Lo decía bien Jesús Reyes Heroles: quien quiere enarbolar todas las banderas acaba por izar ninguna.

Si el partido nació del más poderoso movimiento social de la historia nacional, su responsabilidad es darle viabilidad al futuro de más de la mitad de la población que está marginada, confundidos, y desesperados.

El PRI puede comenzar a erosionar su preferencia entre los electores independientes, claves para definir la elección. En cualquier caso, sería lamentable que en el 2012 el país tuviera que elegir, como en el 2012, entre un mal menor.

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