01/07/2006
La primera conclusión a la que se puede llegar, derivada de la elección del pasado dos de julio, es que ésta deja más oscuros que claros. Claramente, las leyes electorales, que en 1996 el presidente Zedillo calificó de definitivas, han sido rebasadas por los hechos. Inexistencia legal de precampañas, costos exorbitantes, incapacidad del IFE para auditar y sancionar partidos, tiempos desgastantes de campañas, uso de recursos públicos vía programas sociales, regulación de la comunicación social de los gobiernos y del papel de los gobernantes en elecciones, son solo algunos de los temas que deberán ser resueltos con la urgencia de lo impostergable por el próximo Congreso.

La última oscuridad ha sido la culminación de un proceso de judicialización de la política que ya se perfilaba desde la aventura del desafuero. Esta elección, se sabía desde el dos de julio, terminaría en los tribunales. Será el Poder Judicial quien defina quién será el próximo Presidente de México. Esto no es necesariamente malo. La democracia se funda, desde sus orígenes teóricos de Montesquieu, en la división de poderes para dirimir conflictos y en el peso de la ley como última instancia decisoria. Los tribunales de Costa Rica decidieron la elección de Oscar Arias y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos concedió su primer triunfo a George Bush Jr.

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