LA RESTITUCIÓN DEL ESTADO
FERNANDO VÁZQUEZ RIGADA
El triunfo más notable de los dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto no han sido las reformas. No ha sido el Pacto por México. No ha sido hacer volver al PRI a la presidencia.
Ha sido la restitución del concepto de autoridad. De interés público. Del valor de la política.
Hay un claro avance en la restitución de las potestades del estado.
El caso más reciente que lo ejemplifica es el de Sonora. El derrame de productos tóxicos por parte de minera México vino a trastocar la vida de miles de personas.
Grupo México no es un grupo menor de minería: es el principal del país. Tuvo utilidades de 22,714 millones de pesos el año pasado: más de 1,740 millones de dólares. Su principal accionista Germán Larrea, es según Forbes, el segundo hombre más rico de México: asciende su fortuna a 17 mil millones de dólares.
Grupo México no es, tampoco, un jugador ejemplar. Es el dueño de Pasta de Conchos. La tristemente célebre mina donde perdieron la vida 63 obreros en el año 2006, ante una patética actuación del gobierno del entonces presidente Vicente Fox.
Sonora no es ejemplo de buen gobierno. Guillermo Padrés ha sido señalado repetidamente por actos de presunta corrupción. Se habla de un saqueo desmedido y vulgar. Padrés militó en el grupo de Ernesto Cordero para luego traicionarlo. La barbarie es su distintivo.
Estos factores se conjugaron para crear una gran crisis social, económica y política. Tras derramar 40 millones de litros de tóxicos a un río, la minera escondió, primero, la información. Cuando esto ya fue imposible, dijo que el derrame había sido provocado por las lluvias. Posteriormente se verificó, ante la intervención federal, que era una mentira: había una negligencia directa de la minera.
La empresa se confrontó pronto y con soberbia al gobierno federal. El tema se resolvería en tribunales, advirtió. En los hechos, la interlocución con los funcionarios centrales fue muy baja.
Al contrario, el diálogo con el gobernador Padrés fue fluido y condescendiente. Padrés festinó, primero, haber obtenido 3.5 millones de pesos de la empresa, con lo que compensaría a los 7 municipios afectados, con pagos de 500 mil pesos a cada uno. Luego, días después, dijo que había obtenido 100 millones de la empresa para remediación, mismos que el gobierno a su cargo aportaría y después recuperaría.
El gobierno Federal, mientras tanto, multó con 40 millones de pesos a la empresa: nada si se considera el daño y sus utilidades. No obstante, hizo algo más: denunció penalmente a diversos trabajadores y comenzó diversos procedimientos administrativos.
Al incrementarse la presión, la minera hizo lo propio. Utilizó a Padrés para atacar al gobierno de Enrique Peña: nada habían hecho para prevenir el desastre, dijo; eran incompetentes y omisos.
La respuesta del gobierno priísta fue filtrar la información que el gobernador había construido posiblemente fuera de la ley una presa por 4 millones de metros cúbicos de agua. La presa tenía una cortina de más de 100 metros de concreto. Padrés enfureció y pretendió expulsar a tres delegados federales.
La respuesta federal fue categórica: los delegados se quedan. Padrés respondería legalmente por la construcción de su presa y se suspendía cualquier diálogo con el gobernador. Si se comprobaba que había violado la ley, su presa particular sería destruida.
Al escalar el conflicto, Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, pidió una cita con el presidente Peña. Hizo lo que estaba acostumbrado. A lo que no estaba habituado era a la respuesta. No. El presidente no lo recibiría bajo ninguna circunstancia. Si quería arreglar su asunto, debía hacerlo con el Secretario del Ramo.
Larrea fue a entrevistarse con Juan José Guerra Abud. En su altivez habitual, Larrea pretendió informar al secretario que su empresa manejaría un fideicomiso de 300 millones de pesos para la remediación, sin intervención federal. Después, se fue.
Pero no. El gobierno Federal le impuso una cifra inicial de 2000 millones de pesos. Eso o le retiraba la concesión. Más lo que resultara.
Padrés reculó. Larrea también.
El proceso contra ambos sigue. Una comisión del Congreso ha determinado que se requiere un mínimo de 5 mil millones de pesos –no 100, como pretendía Padrés- para reactivar la actividad económica de los 7 municipios, devastada por el derrame.
El mensaje es claro. Terminaron los tiempos cuando los gobernadores chantajeaban al presidente. Cuando los gobernadores eran invitados a tomar café con el secretario de gobernación.
Está concluyendo la época en que los empresarios –por grandes que fueran- podían violar la ley a su antojo.
Ya nadie pregunta, ¿Y yo, por qué?
