Nuevo Arreglo de Poder
30/07/2012
Hay una Reforma de Estado pendiente: una que redefina las relaciones de poder en México y que no podrá limitarse al acceso y entrega de poder, sino que debe modernizar su ejercicio. A México le urge una nueva distribución de poder, lo que implica, entre otras cosas, determinar las competencias, derechos, obligaciones y las relaciones entre los tres niveles de gobierno.
El Estado Mexicano no será viable en el futuro si no resuelve la forma cómo se gobiernan los estados y los municipios y cómo estos se relacionan con la federación. Una gran reforma federalista permitirá recortar los desequilibrios regionales, dar anclaje a la transición democrática y generar un nuevo modelo de desarrollo y gobernabilidad.
No es un tema menor. Las finanzas de los estados comienzan a ser un grave problema mundial. España ha visto cómo su sistema de autonomías se desfonda. Valencia y Castilla están en quiebra. Cataluña ha requerido créditos puentes para pagar sus nóminas. La deuda oculta en los pliegues del estado español ha comenzado a supurar.
Para evadir la ley que los obliga a tener presupuestos equilibrados, los gobernadores y alcaldes de Estados Unidos han otorgado concesiones desmedidas en pensiones y prestaciones de largo plazo. Hay una bomba de tiempo de gran poder expansivo. California debe 30 veces más en pensiones que en su déficit presupuestal. En la última década, su deuda en pensiones creció 2,000%. Pagó 32 mil millones el año pasado en salarios y prestaciones a sus empleados públicos. Ohio ha comprometido ya 35% de su PIB. Illinois no está mejor.
En México, el desequilibrio regional es patente y la alternancia no generó una mejor gobernabilidad en la totalidad del territorio. La democratización se atoró en el nivel estatal. El desarrollo institucional quedó varado en lo federal. Los estados del país carecen de sistemas democráticos plenos, de genuina libertad de expresión, de controles ciudadanos al poder y de autonomía entre poderes.
La deuda en algunos estados ha crecido alarmantemente, como en Coahuila, Veracruz o Nuevo León. La deuda de estados y municipios se estima en 400 mil millones de pesos. La cifra no compromete el desarrollo nacional (es del 3% del PIB) pero el problema es su crecimiento, su destino absurdo y la presión a la liquidez de las finanzas locales.
El actual régimen de gobernabilidad está agotado. El presidente no puede volver a ser lo que fue, pero los gobernadores no pueden seguir siendo lo que son. La República no puede seguir siendo federal en la letra y central en los hechos. La democracia mexicana esta ayuna de consolidación, que se dará sólo cuando logremos hacer bajar los procesos democráticos a los estados y municipios. También, cuando se dé a éstos nuevas facultades para no depender de la federación. Sobre todo, cuando se libere el potencial de los ciudadanos para decidir sobre su destino, elegir libremente a sus gobernantes y, ¿porqué no?, controlarlos.
