17/01/2010

Este artículo se debe leer dos veces. Hoy, y en algún domingo de junio.

La lucha del Gobierno Mexicano contra el crimen organizado hace agua: ha cobrado ya más de 18 mil vidas, el mundo nos juzga como la Colombia del siglo XXI y ante cada nueva detención se rebela una inmensa red de corrupción.

En un momento determinado del año pasado se presentó un punto de inflexión: la crisis económica agobiaba la vida de los mexicanos pero el Gobierno Federal no lo entendió: basó su estrategia de campaña en convocar al pueblo a respaldar al Presidente por su valentía, por su reciedumbre, por su gallardía.

Pero México dijo “no”. Más que la valentía, se requiere en estos momentos capacidad, sensibilidad, templanza.

La lección no llegó a Los Pinos, pese a un descalabro mayúsculo. La agenda de gobierno continúa atrapada en la lucha al crimen. Sólo en algunos momentos se dan destellos de cambio. Se habla de generar empleos sin generar políticas públicas. Se habla de reforma del estado sin reformar los usos del poder. Se acude a cumbres internacionales sobre el calentamiento global para convocar a los medios mundiales y hablar de la muerte del barbas.

Pero una de las vertientes más preocupantes de esta obsesión Presidencial es la utilización política de los instrumentos policiacos del estado. La judicialización de la política es, ha sido, una tentación de los gobiernos de la alternancia.

Fox no dudó en traicionar sus orígenes de demócrata cuando comprendió que corría el riesgo –real, inminente-, de perder la elección. Para ello, se desprendió de la moralidad de su ropaje panista, de su fe democrática y de su ética religiosa para entrar de lleno en la utilización perversa del poder. El caso más evidente fue el desafuero, pero eso sólo fue el principio.

Cuando se entendió cabalmente la fortaleza electoral de López Obrador, desde los Pinos se definió el planteamiento estratégico para desinflar al PRI y convertir la contienda en una de dos fuerzas: la Coalición por el Bien de Todos contra el PAN. Para ello, se embistió contra el PRI utilizando los resortes de estado que deberían ser utilizados para la seguridad nacional. Se filtraron conversaciones telefónicas de Mario Marín, Gobernador de Puebla. Se le dieron datos fiscales de Roberto Madrazo a Roberto Campa para ser mostrados en el primer debate Presidencial y se detuvo a Luis Echeverría días antes de la elección. Oaxaca se cercó con un movimiento al que se le dio vida artificial. La Gubernatura de Jalisco se definió, posiblemente, por una serie de filtraciones sobre vínculos del candidato del PRI con el narco, mismos que después de la elección fueron desmentidos por la PGR.

Pero el segundo gobierno de la alternancia, el de Calderón, ha hecho de esta política algo más recurrente y más perverso. So pretexto de la penetración de la lucha contra el narcotráfico en diversas esferas de la estructura política del país, el Gobierno Federal ha embestido mediáticamente, militarmente, policialmente, contra sus adversarios.

El caso más patente –y patético- fue el del Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy. En plena época electoral, al Gobernador prácticamente se le despojó ilegalmente del poder, invadiendo militarmente el estado sin darle aviso previo. Se exhibió de manera tendenciosa el presunto involucramiento de Alcaldes y Funcionarios de primer nivel con el crimen organizado y se deslizó la sospecha de complicidad del Mandatario Estatal. Michoacán no es cualquier estado. Es la tierra de Cuauhtémoc Cárdenas, es el segundo bastión perredista del país y es la cuna del nacimiento del Presidente de México.

Lo mismo ha ocurrido con otros adversarios. Se filtraron presuntos vínculos criminales de la familia de Ricardo Monreal, se detuvo a la totalidad de los elementos de tránsito de Veracruz –posteriormente casi todos absueltos- y se embistió contra Alcaldes en Tamaulipas y contra el Gobernador de Chihuahua.

Pero ahora, cuando es evidente que Morelos en una entidad tomada por el narco, controlada por el narco, gobernada por el narco, nada ocurre. La razón es que los dos últimos Gobiernos Estatales han sido panistas. A pesar de todas las evidencias de penetración del narco –hace unos meses se detuvo al Secretario de Seguridad Pública Estatal y se destituyó al Procurador- al Gobierno del Estado no se le ha sometido a un trato indigno y mediatizado como el que ocurrió en Michoacán.

Jamás se ha escuchado, tampoco, un operativo semejante contra el Gobernador de Baja California, a pesar de ser Tijuana una de las ciudades más violentas del país y el Estado ser sede de uno de los cárteles más antiguos y crueles. Tampoco se ha escuchado la voz federal cuestionando al Gobierno de Jalisco, un estado que históricamente ha cobijado redes de narcotráfico y, ahora, presumiblemente de lavado de dinero.

La utilización alevosa del poder contra los adversarios es propia no de las democracias, sino de los regímenes autoritarios. Abusar de los medios que fueron diseñados para proteger a los ciudadanos, sólo para amedrentarlos, es moneda de cambio no de estadistas, sino de dictadores.

El desprestigio del adversario sin probar, el uso frecuente de la filtración como política de comunicación, conduce al deterioro de las instituciones y a la construcción de un sistema neoautoritario.

La judicialización de la política es una tentación permanente de un poder de corto alcance, de baja creatividad y de escasa ética. Comprometer a todo el sistema de impartición de justicia en cuestiones partidarias es pervertirlo (más) y conducirlo a los linderos de la política conducida bajo criterios policiacos. A este paso, Elliot Ness corre el riesgo de transfigurarse y terminar como el negro Durazo.

La preocupación fundamental es que esta costumbre se repita este año en los comicios locales. Que se genere una atmósfera de enrarecimiento criminal. Que, sin escrúpulos, se robe la tranquilidad ciudadana como arma electoral. La tentación es grande: hay elecciones en Sinaloa, en Tamaulipas, en Veracruz.

La solución sigue pasando por el control del poder. Dentro de las reformas que se discutirán este año resulta prioritaria la autonomía de los ministerios públicos, y, posiblemente de la Procuraduría General de la República, la profesionalización del sistema judicial y la incorporación de controles ciudadanos.

La judicialización de la política ensombrece el panorama de concordia que una renovación de poderes democráticos debe generar. Veremos si se está a la altura de las aspiraciones de los mexicanos o si, en cambio, la preocupación mayor continúa siendo la destrucción del adversario. Lo sabremos en junio

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