LA CATASTROFE
15/02/2009
La semana que concluye ha sido paradigmática de la desarticulación del gobierno federal y del importante deterioro que está padeciendo la vida pública en el país.
La magnitud de la crisis económica comienza a reflejarse en datos duros, de escalofrío, que golpean de frente a las familias mexicanas. La paridad está dentro de un tobogán, del que parece no poder librarse. A la fecha, la devaluación rebasa ya 40%, encareciendo las importaciones hecho que, combinado con la recesión estadounidense que frena las exportaciones mexicanas, comienza a disparar el déficit comercial del país.
El empleo se vuelve un tema alarmante. Más de medio millón de empleos se han perdido de noviembre a la fecha: una cifra de escalofrío. Equivale a que cinco mil mexicanos pierden su empleo cada día. Incluso el sector informal pierde ocupación: más 300 mil si se compara el último trimestre del año 2008 con el del 2007. Lo peor: esto parece estar comenzando.
La producción automotriz se desploma 50%, con lo que una industria locomotora se apaga. Vendrán, entonces, los efectos sobre las industrias que arrastra: autopartes, vidrio, aluminio, hule, arneses, entre muchos otras. Las remesas disminuyen en el 2008 casi mil millones de dólares, lo que vulnera el ingreso de las familias más necesitadas. La cifra es alarmante, pero si se analizan los datos mensuales se verá que la pérdida había sido moderada hasta el último bimestre del año pasado, cuando los envíos se desplomaron en alrededor del 30%.
En este contexto se produce una confrontación extraña entre el hombre más rico del país, Carlos Slim, y el gobierno del empleo (perdido). Las declaraciones de Slim en el sentido de que la crisis será, como en efecto todo parece indicar, brutal, desatan una sobre reacción del gobierno federal. Medio gabinete sale, de manera anárquica, a contestarle. La línea de comunicación es inexistente. La respuesta va desde el vituperio (“declaraciones de mala leche” dijo el secretario de Agricultura), hasta el absurdo. Javier Lozano (aún) secretario del Trabajo declara que Slim es el hombre más poderoso del país. Lo dice en dos ocasiones, en televisión abierta. Ahonda ante Carlos Loret de Mola, cándido el secretario: Slim impide la libre competencia en el sector telecomunicaciones. ¿Impide? ¿Qué no es el gobierno Federal quien debe imponer la competencia, desbaratar los monopolios, abrir cauces legales para fomentar el mercado?
La realidad prueba que el Secretario tiene razón. En una encuesta del Universal, 38% de los mexicanos le creen a Slim. 37% le cree al gobierno federal. Un hombre fue capaz de convencer más que todo el gabinete que salió a contestarle: el presidente incluido.
El martes fue el día más sangriento de la historia posrevolucionaria del país. 54 mexicanos abatidos por las balas asesinas, la mitad de ellos en ciudad Juárez. Suman ya más de setecientos cincuenta muertos en poco más de un mes. A este ritmo, llegaremos a diez mil muertos en el año. Por lo mismo, según encuestas nacionales, 80% de los mexicanos rechazan ya la estrategia de Felipe Calderón contra el crimen organizado.
En Nuevo León, grupos organizados bloquean las calles para exigir la salida del ejército de sus ciudades. Las violaciones a los derechos humanos, alegan, son insostenibles. Los gobiernos responden con un argumento preocupante: las manifestaciones son financiadas y organizadas por el narco. Pareciera, entonces, que los barones de la droga comienzan, como Escobar lo hiciera en Colombia, a tener una vertiente de operación política.
Pese a este ambiente enrarecido, que debería mover a la reorientación de la estrategia de gobierno, la administración se da tiempo para impulsar su agenda ultraconservadora. A la sorda, la secretaría de Salud modifica, junto con Provida, la norma de salud que debería proteger a mujeres violadas, con el objeto de evitar la concepción de un hijo no deseado. Las modificaciones a la norma son sutiles pero trascendentales. De la obligación de los médicos a orientar y brindar tratamientos de anticoncepción (la píldora del día después) se pasa a dejarlo al libre criterio de los doctores. La modificación es del “deberán” al “podrán”, algo que cambia sustancialmente la intención de la norma que había contado con respaldo de instituciones, públicas y privadas, internacionales. El caso se cierra con una declaración redonda del secretario de Salud: no sabía nada del cambio, fue –explica- una iniciativa del subsecretario.
Por último, el viernes la autoridad electoral, el IFE, declina multar a las televisoras por su abierto desafío al mandato de la ley y su actuación enfocada a explotar el descontento popular contra los partidos políticos y el propio instituto. Colofón: los poderes fácticos, nuevamente, ganan.
Esta crónica lamentable corresponde a una semana en la República del cambio. El vértigo de los acontecimientos, de los yerros, de la ausencia de oficio rebasa todo antecedente e, incluso, toda imaginación literaria.
Lo relatado refleja lo innegable. Los problemas nacionales sobrepasan a las instituciones. El país no tiene rumbo. Las crisis se amalgaman. El hambre acecha. El desempleo da un zarpazo a las familias más humildes. Hay desorientación, nausea, extravío. El principio de autoridad se diluye. Una verdadera catástrofe
