LA REFORMA
En el año 2004 publiqué el libro “Un país para todos” que incluía una agenda de reforma del estado mexicano. El mismo actualizaba una tesina que escribí en la universidad de Harvard, en 1995, para recibir el grado de maestría. El argumento central era que la alternancia del año 2000 no había derivado en transición porque no habíamos tenido la capacidad de generar un nuevo estado, con una nueva legalidad y una institucionalidad renovada.
El sistema político mexicano, argumentaba, adolecía de incentivos para que la clase dirigente emprendiera reformas de fondo, que encarrilaran el crecimiento económico del país. El principal reto, entonces, era crear esos incentivos para que se formaran mayorías en el país que permitieran tener gobiernos más eficientes.
Como propuesta central, establecí que era imprescindible adoptar un sistema diferente: uno semipresidencial. Este sistema funciona con dos cabezas. Un jefe de Estado, electo en elecciones, y un jefe de gobierno, electo por el congreso. Con eso se forzaba a la construcción de minorías y se rompía el ciclo perverso de presidentes sin el poder suficiente para emprender reformas de gran calado.
Al mismo tiempo, alegaba que, en caso de no darse esta transformación, se podían incorporar una serie de cambios dentro del sistema presidencial que favorecieran a la creación de incentivos para el cambio: propuse muchos de los cambios que el presidente Calderón ha enviado al congreso: Reelección parlamentaria, segunda vuelta, vetos, incorporación de iniciativas preferentes, incrementar el umbral de registro de los partidos e incorporar figuras de democracia directa como referéndum, plebiscito e iniciativa popular.
Estoy convencido que estas y otras iniciativas que no incluyó el presidente en su iniciativa (refrendo de gabinete, fundación de institutos de formación política y de investigación prospectiva, revocación del mandato, control democrático de los medios de comunicación, regulación de precampañas, fortalecimiento de comisiones de investigación del congreso, iniciativas bloqueadas, entro otras) son mecanismos que abonan a una mejor democracia y oxigenan la arena política.
La iniciativa es buena, muy buena. Por primera vez alguien en el país se atreve a romper la partidocracia que se gestó por la incompetencia de Vicente Fox y su gabinete para conducir un cambio trascendental en México.
Aborda temas complejos y rompe tabúes. Bien por ello. Sin embargo, la iniciativa llega en un momento complejo, diferente, que debe resolver primero problemas de fondo antes de ser aprobada. En otras palabras, la reforma requiere de reformas previas para garantizar que sea un motor de democracia y de liberalización. De lo contrario, queriendo liberar, podemos atar más al sistema político.
Me explico: el tema de la reelección es el núcleo de la propuesta presidencial junto con las candidaturas independientes. La reelección permite dar, en efecto, control a los ciudadanos sobre los funcionarios y cambia la lógica del sistema: traslada el incentivo de quedar bien con el partido a cumplir con los ciudadanos. Por su parte, las candidaturas independientes promueven la creación de movimientos ciudadanos dentro del sistema pero fuera del sistema de partidos: eleva, pues, la participación ciudadana en los procesos políticos.
Hasta aquí, muy bien. Sin embargo, la incorporación de estas figuras puede ser un riesgo mayúsculo si antes no corregimos la forma como se utilizan los recursos públicos. La reelección, particularmente, funciona sólo si el terreno de juego es parejo para todos. Desafortunadamente, la realidad nacional demuestra que, bajo las reglas actuales, la reelección beneficiaría a los que detentan el poder, por la utilización indiscriminada de recursos públicos para favorecer ambiciones de grupo o de los gobernantes.
Los programas sociales, en los tres niveles de gobierno, se han convertido, en los hechos, en una enorme canasta cacha votos, más que en instrumentos de ataque a la pobreza. De no ser así, no se podría explicar que con la cantidad de recursos que se invierten la pobreza crezca en el país cada año, a diferencia de lo que ocurre en América Latina. En México, el gasto social ha crecido hasta rebasar este año los 280 mil millones de pesos. No hay quien pueda competir contra esa maquinaria permanente de compra de votos.
Por otro lado, los enormes flujos de recursos públicos a los medios hace que el posicionamiento del gobernante sea sumamente fuerte. El gobierno federal invierte cada año 4 mil millones de pesos en medios de comunicación. Calderón, de poder reelegirse (que no está propuesto) habría invertido en medios 24 mil millones de pesos al llegar el momento de enfrentarse a la renovación de su mandato. ¿Alguien podría competir contra esa suma? Pues bien: lo mismo ocurre en los niveles propuestos para reelegirse: particularmente con los alcaldes.
El asunto no es tan tangible con los legisladores, pero las ligas de éstos con el poder (federal o local, municipal) pueden inclinar la balanza también.
Por ello, si no ponemos candados estrictos antes para frenar el uso y abuso de los recursos fiscales en programas de promoción política, lo que haremos al aprobar la reelección será perpetuar la inmovilidad. El caso de Hugo Chávez es paradigmático.
Independientemente de ello, a mi juicio los plazos propuestos por el presidente son muy extensos. Habría que reducirlos a dos periodos senatoriales y a tres de diputados. Además, me parece que para no dar incentivos perversos a los alcaldes, se debería rechazar la reelección inmediata pero sí extender el plazo de gobierno.
En el caso de las candidaturas independientes se debe tener cuidado. La figura permite activar a una ciudadanía pasiva. Nuevamente, sin embargo, el dinero representa un problema. Temo que, a nivel nacional, las candidaturas independientes sólo puedan ser postuladas por dos fuerzas: los poderes fácticos (los grandes monopolios privados, algunos sindicatos) o por el crimen organizado. No hay que caer en el romanticismo de soñar que se pueda dar un gran movimiento social independiente que reúna los recursos para impulsar una candidatura competitiva. En la realidad nacional, es más factible que se postule por fuera al Doctor Simi que a Juan Ramón de la Fuente. Parecería, entonces, que podrían aprobarse, como laboratorio, las candidaturas independientes en el nivel municipal, en donde los recursos requeridos son menores y las capacidades de organización son más asequibles en este momento a la sociedad.
Es imposible abordar en este espacio la totalidad de la reforma propuesta, pero vale la pena abordar un último punto. La reducción del legislativo. Esa es una medida popular, pero va a ser totalmente ineficaz. Se dice, erróneamente, que desaparecer 100 diputados y 32 senadores va a facilitar los acuerdos. Falso. La fragmentación y el inmovilismo no provienen del número de diputados, sino de la estructura electoral que no permite formar mayorías. Si hoy tuviéramos 400 diputados, la conformación del congreso sería muy similar al que hoy tenemos. Lo que necesitamos no es reducir el número de legisladores sino incorporar fórmulas que permitan romper con los gobiernos divididos.
Toda reforma es perfectible. No obstante, pese a sus sombras, creo que las luces en la propuesta del presidente son superiores. Hay que entrarle a los temas de fondo del país. La reforma requiere ir acompañada de reformas previas. Hagámoslas. Requiere complementarse de otras para fortalecer al legislativo y dar mayor calidad al estado. Emprendámoslas. Descalificar lo propuesto sin hacer un análisis sensato de cada una de las propuestas es apostar a la inmovilidad y pasarnos al lado conservador. Hay que cambiar al país. Hay que hacerlo comenzando por el Estado. No hay reforma económica exitosa sin estado eficiente. Comencemos, entonces, por el principio. Pero comencemos ya
