El Universal

Fernando Vázquez Rigada

Resulta conmovedora la preocupación del régimen por defender a las audiencias para salvarnos de la infodemia: la epidemia de desinformación a la que nos someten los medios.

¡Gracias! ¡Muchas gracias!

Lástima que esta generosa urgencia por garantizar nuestro derecho constitucional a estar informados provenga justo de un régimen que ha hecho todo por mantener oculta la mayor cantidad posible de información.

Porque, para tener el garrote de la censura largo, hay que tener la cola de la opacidad corta.

El oficialismo no sólo desapareció el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que era autónomo, sino que, antes y después de hacerlo, ha reservado todo tipo de información bajo el sofisma de la «seguridad nacional».

López Obrador incluso tuvo la graciosa idea de expedir un decreto, en noviembre de 2021, mediante el cual las megaobras del sexenio, así como todas las obras de infraestructura prioritaria, se sometían a un marco legal especial.

El susodicho acuerdo permitía dos excepciones.

Primera: saltarse todos los procedimientos legales para que la autoridad otorgara, en un plazo de cinco días, los permisos para arrancarse con las obras. A talar. A perforar (drill, drill, drill, Trump dixit). A dinamitar. Voy derecho y no me quito.

Segunda: reservar toda la información por ser de seguridad nacional.

Afortunadamente para nosotros, sujetos del derecho a recibir información clara y oportuna, los sectores eran muy restringidos:

«comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que (…) se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional».

Faltaba sólo que pusieran: «más todos los que se me ocurran después de publicado el presente acuerdo».

La Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional, con el voto en contra de los próceres Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Faltaba más.

Pero luego AMLO —no por berrinche, sino por la seguridad de la patria— emitió ooootro acuerdo, mediante el cual reservó los costos, contratos, etcétera, del Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico (y su tren móvil) y varios aeropuertos, incluido el de Palenque. (Qué cosas, ¿no?)

Pero, ya entrados en gastos, fueron por más: Segalmex, el caso de Pío López Obrador, el culiacanazo, la compra de vacunas contra la COVID-19 y el contrato de compraventa del avión presidencial.

La perla: también reservaron parte del expediente de la Línea 12 del Metro e íntegro el del Colegio Rébsamen.

Y, para seguir el baile, en este sexenio se han reservado los daños ambientales infligidos por el Tren Maya, las notas diplomáticas relacionadas con los casos de Rocha Moya y Enrique Inzunza y hasta la información sobre la renta del Castillo de Chapultepec a la FIFA.

Ya no hablo de las mentiras cotidianas, los juicios de valor o las críticas discrecionales de las mañaneras.

Lo importante, lo verdaderamente trascendental, es que el gobierno nos proteja de las mentiras, no sólo de los perversos periodistas y opinadores (incluido su siempre seguro servidor), sino, muchísimo más peligroso, de Pepillo Origel, David Faitelson o las mujeres de Alfredo Adame.

Estamos a salvo.

@fvazquezrig