OSTEOPOROSIS ESTATAL
07/06/2009
El estado mexicano desfallece. Las instituciones nacionales sufren de osteoporosis. Los hechos son contundentes y no dejan lugar a dudas: de no actuar pronto, con visión de estado, México puede sufrir un quiebre institucional.
La debilidad del estado se mide en dos dimensiones. Por su pobreza y por su incapacidad para imponer la ley.
La recaudación sigue siendo un hueco preocupante. La reforma fiscal que incorporó nuevos impuestos, sobre todo el IETU y el impuesto a depósitos en efectivo, no resolvió el hecho de que el estado mexicano sea uno de los que menos recauda en América. El 40% de los ingresos provienen del petróleo, con lo que se denuncia que las aportaciones de personas físicas y morales son bajísimas. Se estima que sólo el 16% de la población económicamente activa y el 27% de las morales pagan impuestos. Producto de la crisis, la recaudación de IETU e ISR ha caído 32% y de IVA, 10%.
Para colmo, el gasto corriente de los gobiernos panistas se ha duplicado, del 2 mil a la fecha, llegando a la increíble cantidad de un billón y medio de pesos anuales.
En suma, el estado mexicano es un estado pobre que gasta como rico; ingresa poco y gasta mucho.
La otra dimensión de la fragilidad institucional tiene que ver con la incapacidad de imponer el estado de derecho. La coercibilidad, que es que la ley se aplique independientemente de la voluntad de los individuos, es un indicador fundamental de la eficiencia estatal.
Lo que ocurre en México es alarmante. Se han duplicado las ejecuciones en tres años, los niveles de impunidad no bajan y los cárteles poseen una presencia importante en el ámbito territorial y en diversas esferas económicas. Su reciente penetración en la economía informal, que implica el 35% de toda la actividad económica y emplea a cerca de 12 millones de mexicanos, es una señal del riesgo que corre la estabilidad del país.
En el último periodo ha quedado de manifiesto, además, que el crimen posee una vasta red de protección política que induce a pensar que el estado está siendo controlado por poderes no oficiales. Altos funcionarios federales, gobernadores, alcaldes, legisladores, jueces han sido detenidos o señalados como parte de la inmensa red de protección del hampa.
Sin duda, las instituciones nacionales están carcomidas por la corrupción y una maraña de intereses oscuros. El problema es que, en este extraño tiempo mexicano, están confluyendo crisis de gran envergadura y de índole diversa en el mismo espacio y tiempo.
La penuria económica se está mezclando con la crisis del miedo, que se genera por la certeza de que el estado está siendo incapaz de controlar al hampa. Adicionado a esto, está la crisis política que se deriva de partidos que no responden a las necesidades de la sociedad, que no se preocupan por hacer reformas de fondo y que están privilegiando la política del rencor en tiempos de desventura.
La Secretaría de Gobernación ha alertado sobre la posibilidad de que 60% de los ciudadanos se abstengan de votar en las elecciones intermedias. Si a esto le adicionamos que, según Reforma, 10% de los ciudadanos han abrazado ya el voto blanco, lo que tenemos enfrente es la mayor crisis de legitimidad de la historia posrevolucionaria.
Son malos signos que deberían mover a la alerta. No se hará. Los operadores de la política nacional parecen haber sido maldecidos por la profecía de Carlos Salinas de Gortari. No nos ven, ni nos escuchan
