Fernando Vazquez

18/02/2013

El congreso mexicano continúa realizando una labor notable. La reforma a la ley de amparo promueve una nueva era de derechos para los mexicanos. Se moderniza una ley que data de 1936. Se alinea con los tratados internacionales y con una nueva tendencia de derechos humanos. Se amplían los efectos del amparo para proteger a los ciudadanos por omisiones de la autoridad y no sólo por sus actos. Se hacen generales los efectos del amparo cuando una norma sea declarada inconstitucional.

Por sus beneficios ha sido aprobada por una aplastante mayoría. Pese a los avances, la reforma ha generado una dura reacción. Ocurre que, en política como en física, toda acción provoca una reacción. El espíritu del reformismo es inyectar cambios positivos a la vida pública. Pero los cambios que benefician a unos, perjudican a otros. La nueva ley favorece a muchos y limita a pocos. Puede afectar el abuso que se resume en una palabra: privilegio.

La reacción contra el congreso se ha basado en el hecho de que la ley elimina la suspensión provisional en discusiones de bienes de dominio público. Estos sectores pueden estar concesionados a privados, como ocurre con los bienes nacionales en el sector telecomunicaciones, transporte, espacio aéreo, energía, entre otros. Esta medida, entonces, afecta a los grandes poderes económicos, muchos de ellos monopolios, que han atenazado la vida económica de México.

La dura reacción empresarial alega que se les deja en indefensión. No es verdad. Las empresas conservan su derecho a ampararse contra actos de autoridad, pero no podrán impedir la ejecución de políticas públicas mediante su interposición. Esto es: las grandes empresas pasaron del uso al abuso en el juicio de amparo para proteger sus intereses, bajo la tesis de que la mejor competencia es la que no existe. Telmex, Iusacell, Azteca o Televisa, por mencionar sólo algunas empresas que explotan los bienes de la nación,  inundan los juzgados con amparos para obstaculizar las decisiones del estado mexicano. Obtienen suspensiones provisionales a sabiendas que, a la larga, perderán el juicio. Y lo han hecho, casi en su totalidad, para impedir que los mercados se abran, para que ingresen nuevos jugadores, para beneficiar al consumidor que paga tarifas exorbitantes.

Se ha utilizado el argumento sibilino de que lo aprobado atenta contra la libertad de expresión. Falso. No hay un solo juicio de amparo vinculado a televisoras o radiodifusoras que se haya interpuesto como consecuencia de la limitación de la libertad de expresión de un medio noticioso. Si, de manera invariable, para impedir una mayor competencia.

Los intereses que se afectan son inmensos y en muchos casos, peligrosos. Al lado de las grandes empresas legales se ubican los casinos, los taxis piratas y otros ejemplares de la economía subterránea que pervive en México.

El amparo fue concebido para proteger al ciudadano contra el abuso. La realidad del México de hoy indica que el mexicano es abusado por la autoridad, pero también por empresas que le cobran en exceso, no ofrecen calidad y prestan un servicio deplorable. Por más de 100 casinos que operan sin permisos, pero amparados. Por transporte que no cumple ninguna norma pero que no puede ser retirado de la circulación.

El congreso está haciendo lo que se debió haber hecho hace mucho: liberar al Estado mexicano de su secuestro. Romper los barrotes legaloides de su encierro es un primer paso. Falta el económico. Llegará el momento, cuando el senado refrende esta decisión, que los grandes poderes fácticos se ampararán contra el amparo. Ahí le tocará a la Corte, nuevamente, definirse.