Fernando Vazquez

La tolerancia extrema con la que se ha contemplado los abusos de los maestros que secuestran vialidades, prohíben el comercio, regalan peajes a su arbitrio, agreden a policías, raya en la debilidad. Huele a anarquía. Recuerda los riesgos de la ingobernabilidad.

Los maestros, una minoría, se oponen a lo que toda la sociedad demanda: a ser evaluados. Pretenden seguir heredando sus plazas. Cobrar dinero de nuestros impuestos sin trabajar. Continuar haciendo de la mediocridad y la ignorancia el distintivo central del sistema educativo mexicano.

En ninguna empresa del mundo se tolera la incompetencia. Tampoco en ningún gobierno de alto rendimiento. Pero la educación en México se convirtió, desde hace años, en un buen negocio y en un magnifico botín político. Tan lucrativo, que sus beneficiarios no están dispuestos a terminarlo. Para ello, desafían a los gobiernos y a la sociedad.

Lo que está haciendo el estado mexicano es revertir una privatización que en los hechos, se dio en favor de los sindicatos. La educación en México dejó de ser pública cuando se le concedió a los líderes sindicales todo lo que quisieron: riqueza, poder, posiciones políticas, su propio partido político. Lo que tocaron, lo despedazaron: así pasó con las sospechas de fraudes electorales, con el quebranto grosero del ISSSTE, y, fatalmente con la educación de nuestros hijos.

Casi la mitad de los maestros de nuevo ingreso reprobaron sus exámenes. El promedio general de aquellos que ya estaban frente a grupo apenas superó, el año pasado, 6 de calificación. Los maestros no quieren ser evaluados porque se exhibiría públicamente el fraude que cometen al estar frente a grupo de niños mexicanos. Por eso no quieren ser evaluados como sí lo somos la inmensa mayoría de los mexicanos. No quieren, tampoco, que, de haber evaluación, se nos informen sus resultados. Quieren la ignorancia y aspiran a ocultarla.

La reforma educativa tiene un amplio consenso nacional. Ha sido de orden, primero, constitucional, lo que implica que una mayoría de los congresos del país la aprobaron. Los datos internacionales revelan la urgencia de cerrar la hemorragia de conocimiento que cercena el futuro de nuestros hijos y la viabilidad de la república en el futuro. Los padres mexicanos lo sabemos y no estamos dispuestos a permitir que esto se perpetúe.

A este desafío, los gobiernos han reaccionado con pasmosa lentitud y lamentable pasividad. La agitación fue contenida sólo cuando peligraron los festejos nacionales. Cuando el oropel de las ceremonias que halagan a los gobernantes se vio amenazada. Todo el tiempo en que la vida en sociedad fue cercenada, las calles bloqueadas, las escuelas cerradas, las plazas secuestradas, los comercios clausurados, el turismo ahuyentado, no ocurrió nada.

La aplicación de la ley no es represión. El diálogo deja serlo cuando se negocia el estado de derecho. El futuro del país está por encima, o debería estarlo, del privilegio de unos cuantos. Si hubiera honradez en el debate público deberíamos admitir que no puede ser honesto el maestro que reprueba tres veces un examen y pretende seguir enseñando su mediocridad, su falta de integridad, su ignorancia, a nuestros hijos. La reforma no busca privatizar la educación, sino revertir con la privatización que se ya se dio en favor de un puñado de corruptos. Es así de simple. Así de lamentable. Así de complicado.