Fernando Vazquez

26/11/2012
Los cambios que ha pedido realizar Enrique Peña Nieto y que le han sido concedidos por el congreso están enfocados a recuperar un solo objetivo: gobernabilidad. México no es, como han pretendido deslizar algunas publicaciones internacionales, un estado fallido. No lo es y está lejos de serlo. El estado ha tenido una política fallida, que es diferente.

En México hay elecciones, se respetan a los poderes constituidos y la autoridad gobierna. El problema está en que la alternancia provocó una redistribución del poder. Surgieron gobernadores poderosos, el municipio volvió a cobrar relevancia, los medios nacionales desarrollaron influencia, el congreso se hizo plural y el poder judicial amplió sus márgenes de autonomía. Surgieron órganos autónomos y la sociedad civil se volvió más participativa.

Pero sucedieron dos cosas: a este nuevo mapa de poder no se le acompañó con un nuevo arreglo de poder. Esta realidad no encontró una institucionalidad que le diera cauce. No se desarrolló una legalidad para la democracia. El régimen mexicano fue pensado para dar orden y paz a un país desgajado por dos décadas de revolución, guerra civil y lucha de facciones. La alternancia, en cambio, tuvo un mandato preciso: democracia. La alternancia nunca derivó en transición porque los presidentes panistas, particularmente Vicente Fox, no entendió que el legado de su presidencia podía, debió haber sido, la creación de un nuevo régimen que lanzara al país hacia el futuro.

La gobernabilidad se debilitó en la medida en se desmembró a la Secretaria de Gobernación. Se le sustrajo el control real del CISEN. El propio Centro fue reducido a huesos. Se permitió la proliferación de órganos de inteligencia. Se le extirpó el control de la Policía Federal y se le privó de posibilidad de presidir legalmente el gabinete en ausencia del presidente.

El otrora todopoderoso inquilino del Palacio de Covián fue reducido a un amistoso componedor, a un invitador de cafés, a un exhortador de acuerdos. Para negociar de manera efectiva, recuerda Henry Kissinger, hay un elemento imprescindible: tener fuerza para facilitar el acuerdo. Un encargado de la gobernabilidad debe tener zanahorias, sí, pero también garrotes. El garrote vil no sirve ni es aceptable en democracia. Para que sea eficiente se requiere que sea, válgase la expresión, un garrote inteligente y con capacidad de articular acuerdos transversales.

El diseño legal que fue aprobado es el que han probado países como Chile, Colombia, España o Francia. Se acerca más a la definición de un Ministerio del Interior. Con ello, se pretende hacer crecer la gobernabilidad. Importa no sólo que ésta sea efectiva: debe ser democrática. Debe quedar atrás la era de los Moctezuma, los Creel o los Blake, pero no para que regrese la de los Díaz Ordaz.

Gobernabilidad significa que los pactos se acuerden y se cumplan. Que el país pueda obtener la consecución de prioridades. Que no se pospongan más aeropuertos, que haya mapas de riesgos, que se prevengan crisis. Que se tengan relaciones más funcionales de poder de manera transversal y vertical. Que se libere al estado de su secuestro por los poderes fácticos.

El primer paso para ser influyente, no hay que olvidarlo, es querer serlo. Esa es la aspiración que respira bajo la reforma.