Fernando Vazquez

28/03/2010

La situación del país es tan crítica, tan lamentable, que resulta impostergable cobijar al Presidente y a su Gabinete para impedir que la nación se enfile a un estallido social.

Estamos padeciendo una compleja red de problemáticas que se retroalimentan: la economía crece, pero no por el impulso de reformas sino por un rebote de la peor caída de los últimos ochenta años. Por ser un crecimiento reactivo, no alcanza la potencia suficiente para generar el empleo que se demanda ni para distribuir equitativamente la riqueza.

Los excluidos siguen nutriendo al crimen organizado, otorgándole una base social. El Estado admite que sólo en el narcotráfico militan 500 mil mexicanos. Pero habría que agregar que una parte de los más de once millones de trabajadores informales poseen algún tipo de conexión con la quiebra del Estado de Derecho.

El sexenio del empleo lleva, hasta ahora, dos campeonatos continentales: por un lado, somos el país de América con menor crecimiento. Por otro, somos el país que más pobreza ha generado: al menos doce millones de 2006 a la fecha, según el Banco Mundial.

Los ciudadanos revelan el peor desencanto con la democracia desde la alternancia. Casi 70% responde que la democracia no funciona. El Estado Mexicano se debilita, por escasez de recursos y por incompetencia. La Autoridad está siendo sustituida por poderes reales, no legales, llámense monopolios, crimen organizado o sindicatos.

La clase política no ha calibrado, hasta ahora, la magnitud del desastre. México se dirige al abismo. Impedirlo requerirá de gran valentía, visión y patriotismo. Enfrentamos esta crisis con un Gabinete empequeñecido y deshabilitado. La disminución proviene de la ausencia de talento. La deshabilitación, por su parte, se origina en una capacidad inmensa del Presidente para desarticular a sus más próximos. En sólo un mes, marzo, el Titular del Ejecutivo linchó, o permitió que lincharan, a tres hombres clave: el Secretario de Gobernación, el de Comunicaciones y el Presidente del PAN.

Está claro que el Presidente y sus hombres no tienen los tamaños, ni la preparación, ni la experiencia para conducir un cambio mayor. Éste tendrá que venir de otra parte. Tendrá que venir del Congreso.

El PRI deberá entender las lecciones de Obama. Los ciudadanos le dieron una mayoría para usarla. Poseen los resortes necesarios para empujar cambios de fondo. No es posible seguir gastando el tiempo en asuntos pequeños. Obama invirtió su capital político en honrar su palabra y en cambiar al país. Triunfó. El PRI tendrá que hacer algo similar.

Las grandes reformas tendrán un costo político, pero serán mucho mayores las utilidades en el futuro próximo. En primer lugar, porque llegará a la elección Presidencial fortalecido por haber motivado una modernización del país, por haber renovado la agenda nacional y por haber cumplido sus promesas de campaña. En segundo lugar, los efectos de las reformas se sentirán en el próximo sexenio. Por último, habrá pasado la prueba de fuego: superar la incredulidad de vastos sectores de la sociedad que piensan que en el tricolor vive el más puro gatopardismo: que todo se modifique para que nade cambie.

El PRI deberá tomar esta decisión y deberá tomarla pronto. El partido tiene frente así los incentivos necesarios para emprender el rol de una oposición útil: no por patriotismo ni por altura de miras, sino por mero cálculo político.

De no solidificar al Estado, de no incrementar la recaudación, de no salvar al sector energético, el PRI podría encontrarse, en el 2012, ante una paradoja cruel: volver a los Pinos, pero ya no tener gran cosa que gobernar