Fernando Vazquez Rigada
Por Fernando Vázquez Rigada
No hay peor justicia que la que se hace por propia mano.
El estado de derecho hace que un país funcione o quede a la deriva. La ley no sólo nos protege: nos hace iguales. Por ella, la arbitrariedad, el abuso, la arrogancia del poder se invalida.
¿Hay en México un estado de derecho?
No, por supuesto.
¿Puede haber actos simbólicos que ayuden a acelerar la construcción de un estado en donde se aplique la ley de manera efectiva? Veremos.
Nunca en la historia del país, un gobernador ha sido removido de su cargo para ser juzgado, mucho menos por actos de corrupción.
Ha habido antecedentes cercanos. Carlos Armando Biebrich fue removido tras una matanza en un conflicto agrario en Sonora en 1975. Su sucesor, Alejandro Carrillo, le abrió juicio y lo persiguió, por órdenes del presidente Luis Echeverría. Pero a Biebrich se le dió tiempo para salir del país. Fue absuelto años después.
A finales del sexenio de Ernesto Zedillo, la PGR abrió un proceso contra Mario Villanueva, gobernador en funciones de Quintana Roo. Las órdenes de aprehensión fueron giradas. Pero Villanueva terminó su mandato. No acudió a la entrega de poder y, en vez de ello, huyó. Meses después fue encarcelado y, luego, deportado.
El caso más cercano ha sido el de Andrés Manuel López Obrador, acusado penalmente y desaforado en el año 2005. Casi pisa la cárcel. Se le acusaba de desacato, aunque era una maniobra política. Prevaleció la cordura y el gobierno se desistió de la acción.
En el país ha habido infinidad de casos de ex gobernadores encarcelados.
Hoy hay 3 ex gobernadores presos. Dos por crimen organizado y uno por corrupción.
Los dos primeros son Jesús Reyna, ex gobernador de Michoacán y Mario Villanueva, de Quintana Roo. Andrés Granier, de Tabasco, está preso por su fortuna escandalosa que, pese a todo, palidece frente los abusos denunciados hoy.
Antes de la alternancia del 2000, los presidentes usaban su poder para premiar, castigar o controlar gobernadores. No existía, hasta 1994, el régimen feudal que ha convertido a gobernadores en dueños y señores de sus estados. Era un régimen virreynal. El rey definía hasta dónde llegaba cada virrey.
Lázaro Cárdenas posee el récord de gobernadores removidos: al menos 19. Cárdenas desmantelaba el maximato, que se afianzaba en enclaves locales que, con arte, paciencia y mano de hierro, el tata fue deshaciendo.
El segundo presidente que removió a más gobernadores fue Carlos Salinas: 17. En promedio, un gobernador fue removido cada 4 meses y medio. Fue el momento cúspide del centralismo.
Tras la crisis económica y la bancarrota moral de 1995, todo cambió. El presidente fue incapaz de remover a Roberto Madrazo de la gubernatura de Tabasco.
Desde entonces, el proceso de transferencia de poder se aceleró en el país.
Con ello, pasamos de un sistema de exceso monopolizado a uno de abuso descentralizado.
Los casos de corrupción, ineptitud y responsabilidad, sacuden a todo el país. Agravia a todas las regiones. Agrede lo mismo a estados ricos que a pobres. Y sus responsables pertenecen a todos los partidos.
Pocos, sin embargo, alcanzan el grado de descomposición, cinismo y arrogancia que Veracruz.
Esta semana veremos si hay la voluntad de aplicar la ley y utilizar los mecanismos legales a fondo para enviar una señal de que los ciudadanos podemos esperar que, al menos, se atempere la impunidad.
Juárez solía decir que a sus amigos les aplicaba justicia y gracia. A sus enemigos, la ley a secas.
Era el siglo XIX.
En el XXI, acaso la fórmula sea más simple. Ley a secas. Para todos. Todo el tiempo.
@fvazquezrig
